La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) advierte de que iniciará acciones jurídicas «de inmediato» si constata prácticas colusorias en la fijación del precio en origen del cereal, actualmente situado —según la organización— en torno a 170 €/t, “muy por debajo de los costes de producción”.
La asociación recuerda que la Ley 16/2021, de mejora de la cadena alimentaria, prohíbe la destrucción de valor a lo largo de la cadena y obliga a que los contratos recojan explícitamente los costes de producción. «Cuando vender por debajo del coste se convierte en norma, se vulnera la legislación y se pone en riesgo la viabilidad del sector», subraya la asociación.
UNASPI señala directamente a las lonjas de cereal de referencia y a las mesas de precios, organismos que, pese a que fijan precios orientativos de forma no vinculante, «tienen un impacto muy significativo en el mercado porque agrupan a los principales operadores». La organización recuerda que la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia prohíbe los acuerdos para fijar precios o repartirse el mercado y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de supervisar y sancionar estas conductas.
En el escrito remitido hoy a lonjas, mercados de productos agrarios y mesas de precios, UNASPI insta a cumplir «estrictamente» la normativa. De detectarse indicios de pactos de precios que no cubran los costes de producción, la asociación se reserva el derecho de: Solicitar a la CNMC la apertura de un procedimiento sancionador. Emprender acciones judiciales por daños y perjuicios contra los responsables.
Miguel Ángel Aguilera Ramírez, coordinador general de UNASPI, subraya que el objetivo no es judicializar el sector, sino «garantizar unas condiciones de mercado justas y sostenibles» para los productores.
España vive una campaña caracterizada por costes elevados de insumos (energía, fertilizantes, combustibles) y precios en origen que, según varias organizaciones agrarias, no cubren esos gastos.
La normativa de cadena alimentaria obliga a todas las transacciones a reflejar el coste efectivo de producción y prohíbe contratos a pérdidas.
En los últimos años la CNMC ha impuesto multas millonarias a empresas y asociaciones por pactar precios en sectores como la leche o el aceite.
