El anteproyecto puede suponer la pérdida de 1.000 trabajos en Castilla y León, según el Colegio
Los procuradores de Zamora se han manifestado esta mañana a favor de la incompatibilidad con la profesión de abogados y en contra del anteproyecto de ley del Ministerio de Economía y Competitividad que pretende equiparar ambas profesiones lo que, según los procuradores, "encarecería los pleitos" y supondría la pérdida de unos 1.000 puestos de trabajo en la Comunidad.
En este sentido, el presidente del Colegio de Procuradores de Zamora, Juan Manuel Gago, afirma que "esta ley atenta directamente contra los Colegios, provocará su desaparición y la reducción de los servicios que prestan a los colegiados y a los ciudadanos".
Las protestas, que han sido simultáneas en toda Castilla y León (donde existen 650 profesionales) y en los diferentes juzgados de la provincia (Zamora cuenta con 42 colegiados), han sido respaldadas no sólo por procuradores, sino también por abogados que se manifiestan a favor de la incompatibilidad.
Juan Manuel Gago indicaba que la nueva ley "responde a criterios economicistas pero no supone una reducción de los costes, sino la inversión de millones de euros para hacer posible su aplicación, que deberían dedicarse a incrementar la dotación y la mejora general de la Justicia".
El presidente del Colegio de Zamora indicó que los procuradores a fecha de hoy tramitan 50 millones de notificaciones al año con un coste -según datos del Ministerio de Justicia- de 188 millones de euros que le ahorran a la Administración "y por ende al ciudadano".
Según los procuradores, aunque Economía esgrime economizar el proceso "el coste puede verse elevado con la desaparición de nuestro arancel, liberalizándose los precios de nuestra actividad y de la de los abogados". Además, señalan que el anteproyecto perjudica al sistema judicial ya que eliminar la incompatibilidad que hasta ahora ha existido "choca de plano con otras iniciativas legislativas que diferencian las figuras de abogado y procurador.
Se han referido además al sistema Lexnet, que canaliza telemáticamente las notificaciones, implantado por los Colegios de Procuradores, que será incapaz de asumir en años el acceso de 140 profesionales, lo que supone "un paso atrás en la Justicia, haciendo prácticamente inviable el actual sistema de notificación electrónica". De esta forma, afirman que los servicios de notificaciones y traslado de copias (cuyo gasto es asumido íntegramente por los procuradores) desaparecerán, "con el consiguiente incremento del trabajo gestor de la Oficina Judicial".
Para los procuradores la tutela judicial efectva "no es una cuestión económica. Sí son valorables los 50.000 trabajos que se verán directamente afectados en todo el Estado (entre procuradores, empleados de sus despachos y empleados de los Colegios), lo que suponen 1.000 empleos perdidos en Castilla y León "en aras de una pretendida competitividad que no beneficia a nadie".
La protesta finalizó agradeciendo al presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León así como a presidentes de Audiencias Provinciales, magistrados, jueves, fiscales, secretarios, abogados, funcionarios y facultades de derecho su apoyo, así como a PP, PSOE, IU y UPL que en el día de ayer aprobaron en las Cortes regionales una proposición no de ley que recoge la petición de mantener la incompatibilidad de ambas profesiones.
Además de solicitar al Gobierno que revise el articulado del anteproyecto, los procuradores se reservan "cuantas acciones asistan a nuestra reivindicación para seguir ofreciendo a los ciudadanos una Justicia de calidad, ágil y eficaz".
