sábado 19/6/21

La Diputación garantiza que la asistencia social está "blindada"

Pleno de la Diputación Provincial celebrado en la mañana de hoy

Aprobado el acuerdo de cofinanciación con la Junta, por valor de 8 millones y con 4.000 usuarios

La Diputación ha aprobado el acuerdo con la Junta de Castilla y León sobre la cofinanciación de servicios sociales, dotado con 5 millones de euros del Gobierno regional más otros tres que aporta la institución provincial. Pese a los recortes, Fernando Martínez Maíllo haasegurado que los servicios sociales básicos de la provincia están blindados.

Las principales críticas de la oposición se han basado en los recortes presupuestarios, así como en la congelación del prespuesto en 2014, si bien el PSOE se abstuvo en la votación porque, según la portavoz, Rosa Muñoz, "sería obsceno decirle que no a nueve millones de euros de la Junta para dos años". Las críticas de Antonio Juanes, de Adeiza, recordaron la figura del cuidador, mientras que Francisco Molina, de IU, manifestó que su voto iba a ser en contra porque "la Junta de mucho menos de lo que debe a Zamora" y se mostró contrario a la congelación de las ayudas ya que "con la crisis económica es de suponer que aumentarán las necesidades sociales y lo que hay que suprimir son los lujos y devaneos obscenos por parte de las autoridades".

El vicepresidente de la Diputación, Aurelio Tomás, señaló que este es "un convenio muy importante para la Diputación y los ayuntamientos" y manifestó que, pese al recorte de presupuesto, "los servicios están totalmente garantizados". En cuanto al montante del convenio, el diputado desglosó en el pleno los gastos. Así, de la aportación de la Junta, de 4.980.000 euros, un millón se destina para a ayudas de todo el personal y los CEAS; para la prestación de ayuda a domicilio y teleasistencia se destinan tres millones; para el programa de asistencia a familias, 266.000 euros y 400.000 euros para el programa de la infancia.

A este dinero hay que añadirle 3 millones de euros que aporta la Diputación. Aurelio Tomás destacó que Bienestar Social da trabajo a más de 500 personas, así como que hay 381 personas que prestan ayuda a domicilio9 a 1.632 usuarios en ayuda a domicilio, así como más de 60 usuarios y 30 personas dedicadas a la teleasistencia, con 962 usuarios. También destacó la presencia de 33 centros con el programa "Crecemos" y afirmó que en estos momentos los servicios sociales de la Diputación atienden a 4.000 personas en la provincia, sin que exista lista de espera.

Tomás recordó que Bienestar Social es el Área con mayor presupuesto de la institución, con más de 15 millones de presupuesto, el 25 por ciento del mismo" y destacó que "a todos nos gustaría que no hubiese consecuencias ni reduccciones a causa de la crisis".

Fernando Martínez Maíllo por su parte destacó que "todos los ciudadanos del medio rural tienen garantizados por esta Institución los servicios sociales básicos y necesarios, que creo que es el sentir de todos los grupos" y aludió a los condicionantes que han de cumplir, en relación a la modificación de la Ley de la Dependencia. En cuanto a las aportaciones de la Junta, el presidente de la Diputación señaló que "si la Admimistración autonómica no aporta dinero, habrá una cláusula de garantía". "Este es el convenio más importante que mantiene la Junta de Castilla y León", afirmó.

Otro de los puntos del orden del día fue la ratificación del decreto en el que se han marcan las previsiones para los Presupuestos de la Institución hasta 2016. Este decreto fue aprobado por el presidente con carácter de urgencia a instancias del Gobierno y la ratificación prosperó con los fotos a favor del PP, la abstención del PSOE y adeiza y el voto en contra de IU.

Finalmente, el pleno provincial aprobó por unanimidad la creación del comité de seguridad dentro de la organización de seguridad de la Diputación, para mejorar la protección de los datos que están alojados en los sistemas informáticos de la Institución. En cuanto a las diversas mociones elevadas en la sesión plenari, sólo prosperó la presentada por Adeiza para instar al Gobierno a que incluya a la provincia en el 'Plan Roca' para incrementar la lucha contra los robos en explotaciones agrarias, a fin de que se implanten los servicios de seguridad del Estado en el sector agrario para luchar contra las sustracciones.

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