El juez archiva provisionalmente la causa por delitos ambientales contra la planta de biogás de Peleas de Abajo

La empresa promotora, Norton Dos Ibérica, recibe una multa de solo 21.000 euros tras iniciar las obras sin licencia; los colectivos ecologistas anuncian recurso al considerar que persisten indicios de delito
Peleas de Abajo
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El controvertido proyecto de planta de biogás en Peleas de Abajo impulsado por la empresa Norton Dos Ibérica ha recibido un respiro judicial tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Zamora. El magistrado Santiago Alba Cimarra ha decretado el archivo provisional de la causa abierta por presuntos delitos medioambientales, en un proceso iniciado tras denuncias de asociaciones ecologistas y vecinos afectados por las obras, que comenzaron sin la preceptiva licencia ambiental.

La empresa, cuyo administrador único es Marcial Rodríguez San Gregorio, arrancó los trabajos sin contar con las autorizaciones requeridas, lo que motivó las denuncias ante el SEPRONA por parte de colectivos como Ecologistas Zamora, Stop Biogás Zamora y Biogás Así No-Jambrina en Lucha, esta última personada en la causa desde el inicio. A pesar de ello, la promotora continuó adelante con la tramitación del proyecto por una vía simplificada, amparándose en un estudio de impacto ambiental reducido, alegando el pequeño tamaño de la planta. Sin embargo, al mismo tiempo promocionaba en internet una futura ampliación de la instalación.

La decisión judicial no pone fin a la controversia. Desde Biogás Así No-Jambrina en Lucha ya han anunciado que recurrirán el auto del juez al considerar que existen indicios suficientes para seguir investigando posibles infracciones penales en materia ambiental, además de las irregularidades administrativas que, aseguran, se evidencian en el atestado elaborado por el SEPRONA.

Por otro lado, la sanción económica impuesta por la Junta de Castilla y León a Norton Dos Ibérica ha quedado finalmente fijada en 21.000 euros. Una cifra que contrasta con el rango inicial anunciado por la propia administración autonómica, que situaba la posible multa entre los 24.000 y los 240.000 euros.

"Ahora ya sabemos cuánto cuesta en Zamora infringir la Ley medioambiental", lamentan desde las plataformas opositoras, en alusión a la sanción mínima finalmente impuesta.

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