La Fiscalía ha acordado remitir al juzgado competente las diligencias abiertas contra el alcalde de Pereruela, David Lagarejos Alonso (PP), y el concejal Domingo Ramos García (Vox) por la presunta comisión de delitos de malversación y tráfico de influencias relacionados con el pago de combustible con cargo a fondos municipales.
Según informa el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pereruela, la decisión se produce tras la denuncia presentada por los concejales del PSOE, que motivó la apertura de diligencias de investigación. Ahora será el órgano judicial el que determine la incoación del procedimiento penal correspondiente.
La denuncia se centra en el abono de gastos de combustible de vehículos particulares con cargo a la cuenta del Ayuntamiento. En concreto, se aportaron facturas correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2024 por el repostaje de la furgoneta privada del concejal de Vox, cuyo importe fue cargado a fondos municipales.
De acuerdo con el relato trasladado por los socialistas, el alcalde reconoció haber autorizado dichos pagos, pese a que el Ayuntamiento dispone de vehículos oficiales y existe un sistema de dietas para compensar desplazamientos. Asimismo, también habría reconocido que su padre suministró gasóleo a su vehículo particular con cargo al Ayuntamiento, extremo que constaría en una factura de agosto de 2024.
Tras la investigación practicada por la Guardia Civil, la Fiscalía sostiene que existen indicios de un posible delito de malversación, al haberse abonado repostajes de vehículos ajenos al consistorio sin justificación para su imputación al erario público. Además, aprecia indicios de tráfico de influencias, al considerar que el alcalde “conocía y consentía los cargos en la gasolinera que realizaba el concejal”.
Desde el Grupo Municipal Socialista señalan que llevaban meses advirtiendo de falta de información y opacidad en la tramitación de expedientes municipales, así como de actuaciones que, a su juicio, podrían no ajustarse a los procedimientos legales. Estas circunstancias motivaron el traslado de los hechos a la Fiscalía.
“Nuestra obligación como representantes públicos es velar por la legalidad y por el buen uso de los recursos municipales. Si hay dudas razonables, deben investigarse”, subrayan los ediles socialistas.
El PSOE de Pereruela reclama al equipo de gobierno la máxima colaboración con la Fiscalía y que se facilite toda la documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que reitera su compromiso con la transparencia y el control democrático en la gestión municipal.
