El 1 de marzo 2013, la Corporación municipal adjudicó a la empresa ARCEBANSA S.A. y EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE la construcción y explotación de un centro deportivo con el compromiso de construir una sociedad de nueva creación que será el titular de la concesión.
El 14 de marzo de 2013 se constituye, a tal fin, la SOCIEDAD “PRIMUS INVICTUS”. El 20 de marzo de 2013, la sociedad “PRIMUS INVICTUS” subcontrata la construcción del centro deportivo a ARCEBANSA. El presupuesto total de la obra era de 1.650.000 euros.
La obra se recepciona en 2015 siendo la sociedad “PRIMUS INVICTUS” la concesionaria de la explotación, es decir, la Sociedad constituida por ACERBANSA S.A. Y EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE. Dicha sociedad concesionaria, no sólo no ha abonado las cantidades en concepto de suministros (agua, luz, gas), si no que no ha realizado una correcta explotación de las instalaciones. Asimismo, ha permitido la degradación de las mismas, apreciándose en la actualidad una serie de desperfectos cuya reparación asciende a 278.764,64 euros (el 17% del coste total de la obra). Tampoco ha atendido los diversos requerimientos del Ayuntamiento de Morales del Vino, efectuados desde 2019, por lo que se le ha impuesto una sanción de 60.000 euros por distintas faltas graves.
Considerando que es imprescindible, no sólo reiniciar las distintas actividades deportivas y gestionar correctamente las instalaciones, si no evitar el continuo deterioro de las mismas, el Grupo Municipal de VOX de Morales del Vino solicitó, por el procedimiento de urgencia, al pleno del día 28 de Septiembre que el Ayuntamiento procediera al inmediato "secuestro" de la concesión, tal y como viene indicado en la cláusula 38ª del Pliego de cláusulas administrativas, y según el artículo 263 de la Ley de Contratos del sector público (antes art. 251).
Dicho secuestro consiste en asumir, por parte del Ayuntamiento, la gestión de las instalaciones nombrando, a tal fin, un administrador de las mismas, pudiendo mantener al personal existente. Tendría un plazo máximo de tres años, una vez finalizado se podría proceder al rescate de la concesión.
El Pleno, con la abstención de los concejales del PP y PSOE, impidió que se tramitara dicha solicitud por el procedimiento de urgencia, demorándola al próximo pleno dentro de tres meses.
El problema es que, con tantos requerimientos y tantos retrasos, la concesión no se pueda secuestrar o rescatar hasta después de pasados 10 años de la recepción de la obra (2025). Esto podría suponer: 1. Que las instalaciones se hubieran degradado tanto que no resultara viable su conservación. 2. Que no se pudiera exigir responsabilidades (en caso de que las hubiera) por irregularidades y/o defectos en la construcción al haber prescrito dichas faltas.
En ambos casos supondría la pérdida de 1.650.000 euros de nuestros impuestos.
