El Tribunal Supremo ha decidido que el caso relacionado con las irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, conocido como el 'caso Koldo', debe ser investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, y no por la Fiscalía Europea.
La Sala de lo Penal del Supremo concluye que la Fiscalía Europea no tiene competencia en este asunto, ya que los hechos no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. Esta decisión sigue a una consulta sobre la competencia positiva planteada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
El Supremo ha determinado que el Juzgado Central de Instrucción nº 2 debe encargarse de la investigación, incluyendo los contratos adjudicados por los Servicios de Salud de Baleares y Canarias, aunque la Fiscalía Europea mantendrá su competencia en lo relativo a posibles delitos que involucren los intereses financieros de la UE.
La investigación hasta ahora sugiere la posible existencia de una organización criminal dedicada a obtener adjudicaciones irregulares de contratos de material sanitario en varias administraciones públicas. Se investiga también la posible intervención de cargos públicos en este proceso y la posible ocultación de ganancias obtenidas a través de operaciones financieras.
La Sala aclara que la Fiscalía Europea se creó para proteger los intereses financieros de la UE y que su competencia se limita a delitos que afecten a estos intereses y que requieran una investigación a nivel europeo. En este caso, el tribunal considera que no se cumplen esas condiciones.
