El próximo 5 de abril, el Ministerio de Salud presentará en el seno del Consejo Interterritorial un protocolo para garantizar el acceso justo de las mujeres a interrumpir el embarazo permitiéndoles elegir el centro y que los abortos terapéuticos se hagan en centros de referencia.
La ministra de Salud, Mónica García, ha mostrado su apoyo a blindar el derecho al aborto en la Constitución siguiendo la senda marcada por Francia. Este Consejo que podría celebrarse el próximo 5 de abril servirá de base para que las CCAA se orienten sobre cómo elaborar el registro de los profesionales objetores de conciencia y planificar la atención a la mujer que será libre de "elegir dónde pueden ir a hacer esa interrupción voluntaria del embarazo", lo que obligará a la cooperación entre comunidades limítrofes.
Al tiempo, se garantizará que los abortos terapéuticos o por causas médicas se realicen con plenas garantías en los centros de referencia ante la cifra que revela que el 84% de los abortos practicados en España en 2021 se realizaron en centros privados.
Los objetivos son garantizar un tratamiento equitativo a todas las mujeres vivan en la comunidad autónoma donde vivan, y para ello se va a promover la cooperación entre comunidades limítrofes; que el método a aplicar para la interrupción del embarazo se decida única y exclusivamente en base a criterios sanitarios; y que los abortos terapéuticos, los que se hacen por motivos de salud, se hagan con todas las garantías, es decir, en el hospital de referencia.
Cataluña, Baleares y Cantabria son las comunidades donde los servicios sanitarios realizan más abortos (52,5%, 61,8% y 67,3% respectivamente). En cambio, en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura la tasa de aborto público se sitúa entre el 0 y el 0,5%. Además, alrededor del 5% de las mujeres que interrumpieron voluntariamente un embarazo en España vivían en zonas donde no se realizaron abortos ese año.
