La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) y la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españoles (FETAVE) han solicitado la suspensión inmediata de la aplicación del nuevo registro de viajeros establecido en el Real Decreto 933/2021, hasta que la Comisión Europea (CE) finalice su evaluación sobre el posible incumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés).
Estas organizaciones han expresado su preocupación por lo que consideran un exceso en la recogida de datos personales, en contraposición al principio fundamental del GDPR, que establece que el tratamiento de datos debe ser pertinente y no excesivo. Según las entidades solicitantes, la nueva normativa va más allá de lo necesario para garantizar la seguridad y supone una invasión injustificada de la privacidad de los consumidores.
El Real Decreto 933/2021 impone nuevas obligaciones de registro para los establecimientos de hospedaje, agencias de viajes, alquiler de vehículos y operadores turísticos. Entre los datos que se deben recopilar se incluyen información personal sensible, como el número de cuenta bancaria con el que se realiza una reserva, que será transmitida al Ministerio del Interior. Las organizaciones consideran que estas nuevas exigencias imponen responsabilidades desproporcionadas a los establecimientos y agencias, especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector, lo que podría afectar negativamente a la competencia.
UNAV, ACAVE y FETAVE han señalado que las nuevas obligaciones son excesivas y generan una carga adicional en la custodia de datos, lo que puede suponer un riesgo tanto para las empresas como para los consumidores. Además, las organizaciones defienden que estas sobre obligaciones pasan lo que establece la Ley Orgánica 4/2015, por lo que piden que las agencias de viajes queden excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto.
En este contexto, las cuatro entidades han solicitado la suspensión cautelar de la aplicación de la normativa hasta que la Comisión Europea finalice su análisis sobre la compatibilidad del RD 933/2021 con las normativas de protección de datos, con el fin de evitar posibles perjuicios tanto a los consumidores como a las empresas del sector.
