El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un paso significativo en la lucha contra la violencia sexual. La normativa introduce cambios en la estructura judicial para garantizar mayor protección a las víctimas, especialmente mujeres y menores, reforzando sus derechos y asegurando el acceso a la justicia gratuita en casos de delitos contra la libertad sexual. Este avance busca consolidar un sistema más eficaz y accesible.
Una de las medidas clave es la ampliación de competencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que ahora también atenderán casos relacionados con violencia sexual. Mediante la reforma de varias leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, estos juzgados instruirán delitos como agresiones sexuales, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual. Esta medida permite una respuesta judicial más especializada y centrada en las necesidades de las víctimas.
Además, se garantiza la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y menores de edad que hayan sufrido delitos contra la libertad sexual. Este derecho incluye la representación legal en casos relacionados con acoso sexual y otros delitos graves. La norma también introduce una mejor coordinación entre las Fiscalías de violencia de género y violencia sexual, para unificar los criterios de actuación y optimizar los recursos judiciales.
Por último, la Ley incorpora cambios en la protección de las víctimas más vulnerables, como menores de edad o personas con discapacidad. Estas podrán participar en los procesos judiciales desde entornos seguros, con asistencia adecuada. Además, se modifica el Estatuto de los Trabajadores para reforzar la protección laboral de quienes soliciten permisos por motivos familiares.
