La concesión del Servicio de Comida y Cuidado de los Comedores Escolares de la provincia de Zamora, es una contrata que saca la JCyL, para que opten las empresas. La Junta saca las provincias por lotes y la empresa que lleva esta contrata en Zamora, la lleva también en otras provincias de la comunidad, como León, Segovia y Palencia, siendo más de 800 trabajadoras en total.
Este es el comunicado íntegro del sindicato UGT:
Esta contrata adscribe a unas 150 trabajadoras en Zamora, perteneciendo la representación sindical a UGT y CCOO. Con la llegada de esta crisis que nos tiene sumidos, las actividades docentes fueron de las primeras en suspenderse y aquí comenzó el calvario de estas trabajadoras, que hemos de recordar que suelen tener jornadas parciales, que compatibilizan con otros trabajos o responsabilidades, muchas de ellas en el mundo rural, pasando a convertirse esta aportación económica en algo esencial; en otros casos este es el único sustento familiar.
De tal modo, la empresa, SERUNION, comunicó a los trabajadores el viernes 13 de marzo, que el lunes 16 no acudieran a su puesto de trabajo y que procedieran dejarlo todo recogido. Dada la situación especial, la única comunicación que tuvieron fue un "wass" indicándoles a los trabajadores que se procedería a tramitar un ERTE y que tendrían más noticias cuando hubiese novedad.
El estado de alarma avanzaba y el gobierno sacaba medidas, hasta que el día 17 de marzo en el RD 8/2020, en su art. 34 recogía: Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19.
1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:
1.2 Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión Este RD entendíamos que dejaba clara la no procedencia de este ERTE y las trabajadoras de esta contrata no podrían verse afectadas por ERTE en un principio.
La empresa, acertadamente, decidió retirar el ERTE el 03 de abril y así se lo notificó a las trabajadoras, dejando claro que sería SERUNION quien abonaría los salarios mientras los centros estuvieran cerrados y que iniciaría los trámites para que la JCyL se responsabilizara de su parte y abonara el servicio. Parece ser que la negociación no llegó a buen puerto, pues se comunica a las trabajadoras el 24 de abril, que de nuevo procederá a registrar el ERTE que presentaba el 16 de marzo, ya que según nos comunican la JCyL no se encuentra receptiva. Hemos intentado hablar con la empresa en todo momento, aunque no siempre han estado.
Desde UGT viendo la grave situación a la que estaban viéndose abocadas las trabajadoras, decide poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo la situación a finales de abril, entendiendo que el ERTE no se ajustaba al RD de medidas de COVID, que iba a ser denegado tarde o temprano, que las trabajadoras iban sufrir retrasos en los pagos, solicitando de su colaboración para que en la guerra entre JCyL y SERUNION, los perdedores no fueran los trabajadores. Según nos comienzan a informar las trabajadoras a primeros de mayo, el SEPE estaba reconociendo la prestación por ERTE de algunas compañeras, incluso alguna había cobrado.
Pero la mayoría ni cobró, ni tenía la prestación reconocida. Nos resultaba extraño que hubieran concedido el ERTE y aún más, que a unos se les reconociera la prestación y a otros no. Hoy, más de 2 meses después de dejar de prestar servicios, no tenemos comunicación de SERUNION informando que se va a hacer cargo de las nominas, o de parte. Una solución a este problema en el que todos participamos, la empresa, la Junta de Castilla y León, la Inspección de Trabajo y el SEPE, pero que el que ha de buscar el quiz es el trabajador para llegar a finales, pero no sabe de que mes. No son expedientes, son personas. Desde UGT seguimos velando por el cumplimiento de las medidas laborales que se nos han brindado, para que empresas y trabajadores se resientan lo menos posible en esta crisis, pero dentro de la ley.
