La Guardia Civil ha reforzado las actuaciones en materia de vigilancia y control de la adecuada gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos y ha realizado un total de 4.348 servicios relativos a la vigilancia de fincas rústicas con el fin de atajar esta problemática.
Además, ha realizado un total 886 inspecciones en las que se ha detenido o investigado a 26 personas y se han denunciado 25 infracciones penales y 1.140 infracciones administrativas, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y la Distracción y Defraudación de Aguas.
Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del SEPRONA han encontrado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces, arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.
La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.
Actualmente también se está trabajando con las confederaciones hidrográficas en el estudio de imágenes satélite para determinar aquellas fincas que están cultivando productos incompatibles con la cantidad de agua para riego autorizada.
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
La intensificación de los periodos de sequías extremas está afectando a la disponibilidad de recursos naturales y la seguridad hídrica en España. Como consecuencia el uso indebido del agua está provocando una sobreexplotación de las aguas superficiales y de los acuíferos, lo que provoca una importante erosión y degradación del suelo, teniendo grandes consecuencias en la fauna y la flora. De ahí la gran importancia de la correcta gestión del agua.
La Guardia Civil tiene un papel fundamental en la prevención y persecución de este tipo de delitos, trabajando además, en la promoción de la cultura del uso responsable del agua, fomentando el conocimiento de la normativa aplicable y sensibilizando a la población sobre la importancia de la protección de los recursos hídricos.
Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de encontrarnos en el supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel, dependiendo de la afectación al medio natural.
