El Gobierno ha reafirmado su compromiso con la garantía del acceso a la vivienda como un derecho fundamental, mediante la colaboración interinstitucional y una inversión significativa en el sector. Desde 2018, el presupuesto destinado a vivienda en los Presupuestos Generales del Estado se ha multiplicado por ocho, permitiendo avances en la construcción de viviendas asequibles y en la regulación del mercado inmobiliario.
Entre las medidas adoptadas, el Gobierno ha impulsado la Ley por el Derecho a la Vivienda, con el objetivo de estructurar estrategias de largo plazo para mejorar el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria. Asimismo, la Ley del Suelo busca ofrecer mayor seguridad jurídica a los planes de ordenación urbana, facilitando la disponibilidad de suelo finalista para el desarrollo de nuevas promociones residenciales.
El Gobierno también ha puesto en marcha iniciativas orientadas a fomentar el alquiler asequible. En este sentido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha sido clave, permitiendo acuerdos para la construcción de 25.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler social, superando las previsiones iniciales de 20.000 unidades pactadas con la Comisión Europea.
El apoyo financiero a promotores a través de líneas de crédito y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha facilitado la aprobación y estudio de 7.000 operaciones en un solo año, cifra que supera en volumen las financiaciones otorgadas por el ICO en las últimas cuatro décadas.
Uno de los principales resultados de estas políticas es el crecimiento del parque de vivienda social y asequible, que ha pasado del 2,5% al 3,4%. Esta evolución refleja el esfuerzo de las administraciones en la construcción de viviendas con protección pública. A diferencia del modelo tradicional, basado en la compraventa y posterior descalificación de viviendas protegidas, las nuevas promociones financiadas con fondos estatales deberán garantizar su permanencia dentro del sistema de vivienda asequible.
