El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido adelantar la reunión telemática con las Comunidades Autónomas para abordar las dudas, interrogantes y tratar de solventar las posturas en contra de las medidas anunciadas para tratar de ahorrar de manera voluntaria un 7% del consumo de gas. Las medidas serán de aplicación para oficinas, comercios y transportes aunque contarán con excepciones en el caso de aquellos sectores -como peluquerías, cocinas de restaurantes, gimnasios...- que presenten unas características especiales.
Una medias que ha generado polémica y la oposición de comunidades como la de Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayudo, ha aclarado que "la ciudad no se apaga". La falta de seguridad que provocaría el apagón de los escaparates, la iluminación de determinados edificios públicos o el régimen sancionador son algunos de los puntos que han provocado la oposición también de Andalucía o Galicia, entre otras, mientras en Castilla y León, Vox ya ha adelantado la idea de presentar un recurso de inconstitucionalidad, cuestión que los miembros del PP no han aclarado si apoyarán.
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de “recortar las libertades y derechos de los españoles” y abocar al país con sus medidas -calificadas de "cacicada"- a la “ruina con su fanatismo climático”.
He pedido al presidente Mañueco una reunión urgente para estudiar interponer desde la Junta, cuando proceda, un recurso de inconstitucionalidad frente a la nueva cacicada de Sánchez.
— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) August 4, 2022
No vamos a permitir que los españoles sigan pagando los disparates del Gobierno socialista.
Desde el Ejecutivo de coalición únicamente se han limitado solicitar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Energía para analizar lo que implica el decreto de ahorro energético aprobado esta semana por el Gobierno central, sin aclarar si la Junta apoyará ese recurso de inconstitucionalidad que defiende el vicepresidente García-Gallardo.
Desde la Junta de Castilla y León advierten de la necesidad de aclarar cuestiones como la necesidad de clarificar a quién corresponde la potestad y mecanismos para controlar el cumplimiento de las temperaturas máximas, de los horarios establecidos, así como resolver las cuestiones relativas a la efectiva instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas, las limitaciones a partir de las 22 horas que se aplican en relación a la iluminación de carácter artístico y/o monumental de nuestras ciudades y municipios, y hasta qué hora se limita la iluminación de los escaparates y edificios públicos.
Ya la ministra Teresa Ribera ha tenido que matizar que la medida será flexible y permitirá a determinados negocios, como cocinas de restaurantes y gimnasios, rebajar el límite de temperatura a los 25 grados, en función de sus características y necesidades.
"Se mantendrá apagados a partir de las 22:00 horas. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta el día siguiente? ¿Ocho horas? ¿10 minutos? ¿10 segundos? Todas las normas restrictivas de derechos y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas". Estas palabras pronunciadas por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, son algunas de las principales voces en contra de una medida que trata de cumplir con la reducción voluntaria del consumo de gas acordado con Bruselas, ante la previsión de un otoño e invierno complicados derivados de la guerra de Ucrania y las amenazas de cortes por parte de Rusia.
