FACUA-Consumidores en Acción ha presentado su informe anual sobre las reclamaciones recibidas en 2024, destacando que los sectores de la banca, transportes y seguros fueron los más denunciados por los consumidores. En total, la organización recibió 49.033 consultas y reclamaciones durante el pasado año, lo que representa un aumento significativo en comparación con 2023. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, detalló los motivos detrás de estas quejas y la necesidad de mejorar la protección al consumidor.
El sector bancario se mantuvo como el más reclamado, acumulando un 36,6% de las denuncias. Las principales quejas estuvieron relacionadas con la devolución de gastos de hipotecas cobrados ilegalmente, intereses elevados en préstamos y la dificultad para que los bancos devolvieran cargos fraudulentos en cuentas. Este sector repitió como líder en reclamaciones por segundo año consecutivo, desplazando a la compra y reparación de vehículos, que había encabezado la lista en 2022.
En segundo lugar, los transportes registraron un 11% de las reclamaciones. Las aerolíneas fueron las más denunciadas, principalmente por cobrar de manera ilegal por el equipaje de mano y por no cumplir con la normativa europea sobre compensaciones en casos de cancelaciones o retrasos. Además, el sector ferroviario también sumó quejas relacionadas con situaciones similares, lo que evidenció un aumento en las preocupaciones de los consumidores sobre el transporte.
El sector de los seguros ocupó el tercer lugar, con un 8,2% de las reclamaciones. Los consumidores denunciaron principalmente el incumplimiento de las condiciones contractuales y el aumento injustificado de las primas, sin el aviso obligatorio con antelación. A pesar de que las quejas en este sector disminuyeron ligeramente respecto al año anterior, sigue siendo uno de los más problemáticos para los usuarios, lo que resalta la necesidad de un mayor control.
FACUA también expresó su preocupación por la inacción de las autoridades de protección al consumidor ante los fraudes masivos. La organización criticó la falta de recursos y personal en el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, lo que limita la capacidad de respuesta ante estas situaciones. A pesar de las sanciones que se han impuesto, FACUA considera que son insuficientes y que las empresas responsables no enfrentan consecuencias disuasorias.