LaLiga, encabezada por su presidente Javier Tebas, ha redoblado sus esfuerzos para combatir la piratería en el fútbol, una problemática que, según la organización, genera pérdidas de hasta 700 millones de euros anuales. Esta cifra, ligada a la disminución de ingresos por derechos televisivos, impacta directamente en la financiación de los clubes, amenazando incluso la supervivencia de algunos de ellos.
La reciente clausura de uno de los principales canales de streaming pirata en España ha vuelto a poner el foco en los riesgos para los consumidores de este tipo de contenidos. Aunque tradicionalmente las acciones legales se centraban en los distribuidores, un auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona ha abierto la puerta a que LaLiga emprenda medidas contra los usuarios finales.
Según el fallo, aquellos consumidores que accedan a contenidos de fútbol de forma ilegal podrían enfrentarse a reclamaciones económicas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha matizado que esta medida se dirige específicamente a los llamados cardsharers, es decir, quienes distribuyen señales de televisión pirateadas con ánimo de lucro.
En cualquier caso, LaLiga ha señalado que está dispuesta a exigir compensaciones económicas a los espectadores, planteando reclamaciones de 450 euros por daños y perjuicios. No obstante, estas cantidades no se consideran multas, ya que para ello sería necesario demostrar que el acto de piratería tiene fines lucrativos.
Para detectar a los consumidores de retransmisiones piratas, LaLiga emplea un equipo especializado de más de 50 personas que rastrean la actividad global en busca de transmisiones ilegales. Este equipo utiliza la dirección IP de los dispositivos conectados a servidores piratas como herramienta clave de identificación.
Tebas ha destacado la eficacia de estas medidas, citando el cierre de 58 aplicaciones que acumulaban más de cuatro millones de descargas, 800.000 de ellas en España. Estas plataformas ofrecían acceso gratuito no solo al fútbol, sino también a otros eventos deportivos, generando pérdidas considerables para la competición.
A pesar de las declaraciones de Tebas sobre el envío de cartas a los usuarios con demandas de compensación económica, por el momento no se ha confirmado que estas reclamaciones se estén realizando de forma masiva. La incertidumbre jurídica y la falta de precedentes claros en este ámbito generan dudas sobre cómo evolucionará esta estrategia en el futuro.
