Luno aterrizó el pasado mes de marzo junto a su dueña en Barajas. Viajaban desde Costa Rica, con una prueba antirrábica negativa y sin microchip, que no es obligatorio en su país.
La entrada del perro al país fue denegada. Con su cartilla sanitaria al día el can fue aislado y guardado en el interior de una jaula en el aeropuerto madrileño. Sin saber qué pasaría, Luno estaba atemorizado, sin ver a su dueña y a la espera de ser deportado o sacrificado.
El 10 de diciembre, Luno fue deportado a Ecuador, tras aceptar su dueña y los abogados, una propuesta del Ministerio de Agricultura que llevaba encima de la mesa desde el mes de abril, tal y como han indicado desde PACMA.
Según Mónica Olivares y Jacqueline García, abogadas inicialmente responsables del caso Luno, los 9 meses que el animal ha pasado en una cuarentena que interpretan como “un pulso judicial” del ministerio, se habrán “ido a la basura” cediendo ante una medida “desmesurada, injustificable y evitable”.
“Con Luno se logró descubrir el enorme agujero negro que son los aeropuertos españoles para los animales, donde se les sacrifica y se les deporta por una supuesta interpretación errónea de la normativa europea y, además, por carecer de protocolos para la atención y mantenimiento de animales en situación como la de este perro”, explica Olivares. “La denuncia y todas las medidas cautelares presentadas no solo estaban orientadas a ayudar a Luno y a su propietaria: la intención era evitar que esto le volviese a pasar a nadie”.
Aseguran que, ahora, a pesar de que el procedimiento judicial continúa, podría ser sobreseído por “carencia sobrevenida del objeto”, es decir, con el perro fuera de España, no habría objeto judicial como para continuar la investigación a pesar de haber sido iniciada por la identificación de posibles irregularidades en la aplicación de la normativa.
