Las fuerzas policiales de España han dado un duro golpe a las redes de trata y explotación humana durante el año 2023, liberando a un total de 1.466 víctimas, incluidos 18 menores, de situaciones de explotación sexual o laboral. Estos resultados se desprenden del Balance Estadístico 2023 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
El informe revela que las operaciones policiales llevaron a la detención de 923 personas y a la desarticulación de 109 organizaciones criminales involucradas en este abominable negocio. Además, se realizaron 7.570 inspecciones administrativas en locales dedicados a la prostitución y en centros de trabajo.
De las víctimas liberadas, 497 fueron captadas por redes criminales organizadas, mientras que 982 fueron sometidas a explotación sexual o laboral en entornos de prostitución o trabajo, aunque no se pudo demostrar su conexión con una red organizada.
En el ámbito de la explotación sexual, 294 víctimas fueron liberadas de redes de trata, mientras que otras 370 fueron rescatadas de situaciones similares sin la intervención de estas organizaciones criminales. La mayoría de las víctimas eran mujeres de entre 28 y 32 años, originarias de países como Colombia, Venezuela y Paraguay.
En cuanto a la explotación laboral, 195 víctimas fueron liberadas de redes de trata, y otras 612 fueron rescatadas de situaciones de explotación sin la intervención de estas redes. En este caso, predominaban hombres de entre 23 y 27 años, procedentes principalmente de Colombia, Moldavia y Marruecos.
El balance también destaca la labor de las autoridades en la lucha contra otras formas de trata, como los matrimonios forzados, la mendicidad y la criminalidad forzada.
El Plan Estratégico Nacional contra la trata y explotación de seres humanos 2021-2023, coordinado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, ha llegado a su fin en 2023. Se espera que durante 2024 se evalúe su cumplimiento y se trabaje en la elaboración de un nuevo plan para seguir combatiendo esta grave violación de los derechos humanos.
