La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este martes la imposición de "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" contra los responsables de las administraciones públicas que continúen incurriendo en el abuso de la contratación temporal, después de que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública haya solicitado a la Comisión Europea una prórroga antes de que puedan hacerse efectivas las sanciones por el incumplimiento de los objetivos fijados en la Ley de Estabilización.
El sindicato, mayoritario en las administraciones públicas, considera que estas sanciones deben ir más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaer sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan de forma reiterada la normativa.
Según ha recordado CSIF, el propio Ministerio reconoce que la temporalidad continúa muy por encima de los límites establecidos en sectores esenciales como Educación, donde alcanza el 49 %, y Sanidad, con un 43 %, pese a que la legislación fijaba como objetivo reducirla por debajo del 8 %.
Ante esta situación, la organización sindical plantea varias medidas para corregir el problema. En primer lugar, reclama endurecer el régimen sancionador para evitar que las administraciones continúen utilizando la contratación temporal de forma abusiva.
Asimismo, solicita que las ofertas de empleo público incluyan todas las plazas estructurales necesarias para garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad y reducir la dependencia de los nombramientos temporales.
Otra de las reivindicaciones pasa por acortar los plazos de ejecución de los procesos selectivos, que actualmente pueden prolongarse hasta tres años, un límite que, según denuncia el sindicato, se incumple de manera sistemática.
CSIF también insta al Gobierno a cumplir el acuerdo alcanzado con la organización y eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, permitiendo que las administraciones convoquen plazas en función de sus necesidades reales y no se vean obligadas a recurrir a personal interino.
El sindicato ha trasladado además su solidaridad con los miles de empleados públicos que continúan en situación de abuso de la temporalidad y ha asegurado que mantendrá sus medidas de presión hasta que el Ejecutivo dé una solución definitiva a un problema que afecta a profesionales de todos los ámbitos de las administraciones públicas, después de años de servicio.
CSIF recuerda, además, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida el pasado 11 de mayo avala su postura al considerar que las administraciones públicas españolas han incumplido de manera sistemática la normativa destinada a reducir la temporalidad en el empleo público.
