El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional por seis votos a favor y cuatro en contra la suspensión de la actividad parlamentaria durante del primer estado de alarma al considerar que vulneró los derechos de los diputados que non pudieron desempeñar su labor de control al Gobierno.
De esta manera, el tribunal de garantías estima el recurso de amparo interpuesto por Vox, lo que supone un nuevo varapalo después de que el pasado 14 de julio el Constitucional ya considerase ilegal el confinamiento domiciliario al considerar que el Gobierno debía haber apostado por el estado de excepción -que requiere obligatoriamente del aval del Congreso- y no por el de alarma.
La sentencia considera que "la declaración del estado de alarma no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento" de ninguno de los poderes del Estado e incide especialmente en el de la Cámara baja, lo que considera una vulneración de derecho a la participación política.
Desde el Congreso, su presidenta Meritxell Batet, ha expresado su respeto a las decisiones judiciales, si bien mantiene en todo momento que el Congreso no cerró sus puertas, que el acuerdo sólo duró 18 días (el 19 de marzo, la Mesa del Congreso hizo cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias que se encontraban en ese momento en tramitación) y que precisamente lo que se buscaba con él era garantizar la continuidad de la actividad parlamentaria siguiendo al mismo tiempo las recomendaciones sanitarias marcadas en ese momento.
