El Ejecutivo ha aprobado el plan de actuaciones dirigidas a prevenir y combatir los incendios forestales durante este verano y el resto del año. El objetivo, según ha remarcado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es "poner todos los medios necesarios" para "proteger a los ciudadanos, sus vidas y sus bienes".
Grande-Marlaska ha enmarcado este plan en una de las prioridades del Gobierno, la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias: "Ya no hablamos de estimaciones o modelos predictivos, estamos hablando de una realidad que ha demostrado su terrible potencial destructivo sobre nuestros pueblos, campos, ciudades, explotaciones ganaderas y agrícolas y sobre el patrimonio natural de las distintas regiones de España".
El titular de Interior ha recordado que en 2022 se quemaron en España más de 300.000 hectáreas de superficie forestal, el número de grandes incendios triplicó la media de los últimos 10 años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron que evacuar a más de 30.000 vecinos "y, lo peor de todo, cuatro personas perdieron la vida".
Para adaptarse al nuevo escenario que implica el cambio climático, el Ejecutivo adelantó el inicio de la campaña contra los incendios forestales al 28 de abril. Desde ese día, casi dos meses antes de habitual, el Comité Estatal de Coordinación y Dirección gestiona todos los medios de la Administración General del Estado en ese ámbito. El ministro ha señalado que, aunque las competencias principales corresponden a las comunidades autónomas, "el Gobierno está absolutamente involucrado y, junto con las provincias y las entidades locales, trabajamos codo con codo para hacer frente a esta emergencia".
Para esta campaña, el Ejecutivo ha puesto en marcha un dispositivo en el que participan las brigadas de refuerzo en incendios forestales y la flota de hidroaviones de gran capacidad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es operada por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio. También lo integran la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa, la Dirección General de Tráfico, que gestiona el control de las carreteras afectadas por los incendios y los accesos a las poblaciones cercanas, y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Fernando Grande-Marlaska ha apuntado que la Policía Nacional participa ya de forma activa en los planes contra los incendios forestales vigentes en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana. Por su parte, la Guardia Civil realiza durante todo el año labores de prevención, vigilancia y alerta contra los incendios forestales. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil también se encargan de la investigación para determinar el origen de los incendios y llevar ante la justicia a sus responsables: en 2022 la Guardia Civil concluyó que 584 incendios habían sido intencionados y se practicaron las correspondientes detenciones.
El ministro del Interior ha subrayado que todos estos medios contra los incendios forestales se integran en el Sistema Nacional de Protección Civil, "un elemento nuclear en la actuación frente a las catástrofes y emergencias". Para profundizar en su mejora, el Consejo de Ministros ha actualizado la Norma Básica de Protección Civil, que no había sido modificada desde su aprobación en el año 1992.
Grande-Marlaska ha afirmado que se trata del segundo instrumento normativo más importante del Sistema Nacional porque asegura la coherencia de todos los planes sectoriales y territoriales de Protección Civil y su correspondencia con el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. El texto recoge los criterios generales del contenido mínimo de los planes, las directrices básicas para la identificación de los riesgos de emergencia y las actuaciones necesarias para su gestión mediante una planificación coherente y homogénea.
Los riesgos que deben de ser objeto de planes específicos incluyen inundaciones, terremotos, maremotos, riesgos volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en instalaciones con sustancias químicas, biológicas, nucleares o radioactivas, accidentes de aviación civil, accidentes de transporte de mercancías peligrosas y protección de la población en caso de conflicto bélico.
También en el ámbito de Interior, el Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil los territorios de todas las comunidades autónomas que, desde el pasado 20 de agosto hasta el 8 de junio de este año, han sufrido incendios forestales, inundaciones, nevadas y otras emergencias provocadas por fenómenos de distinta naturaleza.
Son, en total, ochenta episodios de estas características, ocurridos en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, así como en la ciudad autónoma de Ceuta.
Con esta declaración, podrán reclamar ayudas quienes hayan sufrido daños personales o en enseres de primera necesidad, quienes hayan perdido su vivienda o sufrido desperfectos en su estructura, quienes hayan sufrido desperfectos en establecimientos industriales mercantiles y de servicios -incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos- y también las corporaciones locales que hayan tenido que afrontar gastos derivados de actuaciones inaplazables para recuperar los servicios públicos.
