El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación formal contra varias agencias inmobiliarias acusadas de implementar prácticas abusivas en la gestión de alquileres en todo el territorio español. La acción responde a denuncias presentadas por asociaciones de consumidores que alertan sobre estas irregularidades.
Según el ministerio, las prácticas investigadas incluyen la obligación a los inquilinos de pagar comisiones por la gestión del arrendamiento y la firma de contratos temporales sin una justificación válida de la temporalidad. Además, se han detectado cláusulas abusivas que vulneran los derechos de los inquilinos.
La Dirección General de Consumo, encargada de llevar a cabo la investigación, ha destacado que transferir a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización de contratos contraviene la Ley 12/2023 de 24 de mayo, que garantiza el derecho a la vivienda. Asimismo, recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos prohíbe explícitamente incluir cláusulas que perjudiquen los derechos de los inquilinos.
Bustinduy subrayó que la vivienda es un derecho fundamental y un bien de primera necesidad. En este contexto, las agencias inmobiliarias están en la mira por diversas infracciones, como el incumplimiento de las normas de regulación de precios, la imposición de condiciones injustificadas, y la utilización de prácticas comerciales desleales.
Las infracciones identificadas podrían clasificarse como graves o muy graves. Las sanciones para las primeras podrían alcanzar multas de hasta 100.000 euros, mientras que para las segundas, se podrían imponer multas de hasta un millón de euros, e incluso más en función de los beneficios ilícitos obtenidos.
Esta investigación forma parte de la estrategia del ministerio para salvaguardar los derechos de las personas consumidoras en su acceso a la vivienda. Desde el Ministerio se han realizado acciones informativas dirigidas a operadores del mercado para concienciar sobre conductas abusivas en los contratos de alquiler, como la exigencia de fianzas desproporcionadas, garantías adicionales o el pago anticipado de mensualidades.
