La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), como promotores e inductores de la protección nacional de lobo a través de su inclusión en el LESRPE (RD 139/2011), ha presentado un Recurso Contencioso Administrativo en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de la Transición Ecológica por la Orden Ministerial del pasado 21/09/2021, dado que consideramos que la protección del lobo que le confiere dicha Orden es totalmente insuficiente. Dicho recurso fue admitido a trámite el 1/10/2021.
ASCEL ha asegurado que se presentará en calidad de codemandado en todos los procesos judiciales abiertos por las Comunidades Autónomas que considera "beligerantes, anti-sistema y radicalizadas" en contra de la protección del lobo, "porque los argumentos que defienden son indecentes e ilegales".
De hecho, ASCEL ya se ha personado contra el Recurso de la Junta de Castilla y León el 28/10/2021 y ha calificado de ilegal la ilegal cinegética del lobo de la Junta. La acción de ASCEL en los Tribunales ha permitido anular en dos ocasiones sendos planes de gestión regional del lobo aprobados en 2016 y 2018, anular el aprovechamiento cinegético de lobos de las temporadas 2011-2012 y 2015-2016, suspender la caza de 143 lobos en el 2018-2019 salvando a esos ejemplares de la muerte, y condenar en primera instancia al pago de más de 800.000 euros como compensación a la muerte ilegal a 91 lobos en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018.
Recuerdan que la protección nacional del lobo, y de cualquier otra especie de la fauna y flora salvaje de España, compete ejecutivamente al Gobierno de la Nación por la Constitución Española y por el marco normativo vigente (Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Las Comunidades Autónomas participan de forma reglada en los procesos, pero como órganos consultivos, no ejecutivos y en ningún caso recuerdan pueden suplantar las atribuciones nacionales, ni degradar el marco de protección nacional. Es decir, pueden mejorar la protección en el marco de sus propias competencias, pero no empeorarla.
ASCEL recuerda que el proceso de protección nacional del lobo empezó en 2019 con la petición de ASCEL y el Ministerio ha tardado dos años en finalizar la tramitación para cumplir con todos los trámites necesarios, incluido el diálogo, consulta y participación de Comunidades Autónomas como Castilla y León.
En este sentido, recuerda que ha sido la propia la Comisión Europea la cual ha concluido que la población del lobo en España está en un estado de conservación desfavorable e inadecuado. "Y la causa estriba en la pésima gestión de Comunidades Autónomas como Castilla y León. Pero eso no es un criterio legal de inclusión en el LESRPE", justifica.
