FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno un cambio de normativa que obligue a indemnizar a los usuarios afectados por spam telefónico y que establezca sanciones más duras contra las compañías de telecomunicaciones y energéticas que se lucran con este tipo de prácticas.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, informó de que desde marzo los operadores han bloqueado 48 millones de llamadas y más de dos millones de SMS fraudulentos. Sin embargo, FACUA advierte de que estas medidas no han resuelto el problema ya que muchos usuarios continúan recibiendo a diario llamadas comerciales no solicitadas.
La orden actual bloquea llamadas desde numeraciones móviles, pero no contempla las realizadas desde teléfonos fijos con prefijo geográfico, que se han convertido en el gran coladero de fraudes. El propio ministro reconoció que los estafadores han encontrado en esta vía una alternativa para seguir operando, lo que obliga a revisar el plan de bloqueo.
FACUA insiste en que todas las llamadas comerciales no solicitadas están prohibidas desde 2023, aunque en la práctica se siguen produciendo con la misma intensidad que antes.
La organización plantea que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulse una reforma legal para garantizar que las empresas que den de alta servicios mediante llamadas comerciales tengan la obligación de informar al consumidor de que, si no solicitó expresamente esa llamada, tendrá derecho a una indemnización económica.
Además, FACUA propone que las grabaciones de contratación incluyan no solo la aceptación de condiciones, sino también la confirmación de que fue el usuario quien pidió la llamada.
