Toro fue la primera ciudad de España en reconocer el valor cultural de la fiesta de los toros
La Junta de Castilla y León ha declarado hoy la Tauromaquia Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. Para la Administración, la tauromaquia reúne las características para su protección como BIC, ya que es una actividad que forma parte del patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional de Castilla y León. Hay que recordar que fue la ciudad de Toro la primera de todo el país en reconocer de forma oficial el valor cultural de la fiesta.
Al reconocimiento de Toro, impulsado por el Foro Taurino de Zamora y la Asociación Internacional de la Tauromaquia, siguió el de diversas localidades zamoranas como germen nacional de un movimiento que ya aglutina a más de 500 localidades de todo el país, además de otras declaraciones de la fiesta de los toros como BIC en las comunidades autónomas de Murcia, Madrid y Castilla La-Mancha, mientras que Navarra aprobó en 2010 una declaración institucional que reconoce la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial.
A estas medidas de apoyo a la fiesta de los toros hay que unir la constitución la pasada semana de la Mesa de la Tauromaquia de Castilla y León, un órgano especializado de participación, asesoramiento y propuesta de la Administración en materia de promoción y difusión en cuanto a manifestación cultural y producto turístico con la finalidad de preservar los valores de la tauromaquia.
Reconocimiento de la Unesco
Además, en otros países como Francia, las corridas de toros se inscribieron como patrimonio cultural inmaterial por considerar que estos espectáculos constituyen un aspecto significativo de la historia, con presencia en la zona sur de Europa y en América Latina y desde el país vecino ya se impulsa su reconocimiento por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, objetivo que persiguen asimismo estas declaraciones institucionales como la aprobada hoy en Castilla y León.
Según informa la Junta, la declaración de la Tauromaquia como BIC dentro del marco establecido por la Ley de Patrimonio Cultural, tiene por objeto la protección y salvaguarda de esta manifestación desde su propio carácter intangible. El objeto de la declaración es la tauromaquia referida a las corridas de toros celebradas conforme a la normativa vigente, heredada de las reglas establecidas a partir del siglo XVIII, además de reconocer el valor de la fiesta, que como rito y espectáculo constituye por sí mismo un elemento cultural de alto valor patrimonial. La declaración se concreta fundamentalmente en las corridas de toros y el arte de la lidia del toro.
Este planteamiento está en la línea del Plan Nacional Pentauro, y de la propia Ley de la Tauromaquia de 2013 que abogan por el impulso de los trámites necesarios para la inclusión de la tauromaquia en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco.
Identidad popular
Con este reconocimiento, la Junta ratifica que la tauromaquia está "intensamente imbricada en la cultura popular de Castilla y León y forma parte inseparable de la identidad de su pueblo y su influencia cultural en la sociedad es evidente en todos los ámbitos de la misma: música, pintura, escultura, literatura, fotografía, cine, teatro o arquitectura". El mundo del toro se refleja asimismo en la creación de un paisaje reconocible en distintas partes de Castilla y León, ya que el toro de lidia se desarrolla en un sistema de producción extensivo, que permite el aprovechamiento de los recursos naturales y resulta imprescindible para la que la dehesa sea un ecosistema sostenible y muy singular dentro de nuestra Comunidad. Así, la cría de ganado de lidia, permite por un lado la conservación de este entorno natural que de otro modo estaría en peligro de desaparición, y por otro la propia conservación del tipo racial del ganado de lidia.
La declaración de BIC ratifica la relevancia de esta tradición con raíces en la cultura de Castilla y León "desde tiempo inmemorial" y que constituye uno de los hechos "más singulares" de la Comunidad. Para ello la Junta también recuerda que la tradición, la cultura popular, la cultura artística, la literatura, el lenguaje cotidiano, el arte culinario, la pervivencia de industrias artesanales asociadas a la fiesta -sastres, bordadores, zapateros, forjadores, fabricantes de muletas, capotes o sillas de montar, entre otros- así como el respeto y conservación de la naturaleza del territorio, hacen de la tauromaquia un "hecho excepcional único para Castilla y León", que ha pervivido a lo largo de los siglos y que "trasciende más allá del toro, convirtiéndolo en un hecho patrimonial de primer orden digno por su singularidad y relevancia de ser conservado, atendiendo y respetando la evolución normal que como espectáculo se pueda ir produciendo con el paso del tiempo, pero sin pervertir su esencia".
Para la Administración regional, "sin obviar la intrínseca relación existente entre la Tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial y su contexto", -es decir el patrimonio material asociado a esta actividad-, "la presente declaración debe entenderse abierta desde su consideración inmaterial a todas y cada una de las manifestaciones y elementos materiales asociados a esta declaración, si bien desde el punto de vista de su especifica protección legal quedará limitada a su carácter intangible".
Segundo espectáculo de masas
Según los datos aportados por la Junta, la tauromaquia es el segundo espectáculo de masas en España, después del fútbol, y cada temporada asisten a las plazas de toros alrededor de 60 millones de espectadores. En 2013 aumentó el número de espectáculos taurinos respecto a 2012 y Castilla y León fue la segunda comunidad autónoma con mayor número de festejos taurinos y populares, con 2.196. En la Comunidad intervienen más de 400 agentes en el sector de la tauromaquia, desde ganaderos, veterinarios, empresarios o museos y escuelas de tauromaquia. Se estima que el sector generó en 2011 más de 416 millones de euros de gasto o impacto económico directo y que el impacto económico indirecto e inducido ascendió a 837 millones de euros. La aportación del sector representa aproximadamente el 1,5 % del PIB autonómico.
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