El presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), Pedro Ruiz Aragoneses, ha pedido al Gobierno de España que “adopte medidas urgentes para reducir el coste de la energía en las empresas”, con el fin de “frenar el encarecimiento de los costes de producción y, por tanto, el impacto de los alimentos en las altas tasas de crecimiento del IPC que estamos padeciendo las empresas y las familias”.
En estos términos se expresó el presidente de Vitartis tras la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, que ha tenido lugar hoy en la sede de Jamones Aljomar (Guijuelo, Salamanca), cuyo adjunto a la dirección, José Luis Sánchez, es vicepresidente de la Asociación.
Asimismo, tras la reunión, la Junta Directiva de Vitartis celebró un encuentro con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas Merino, que acudió acompañado por la directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, María José González Garrachón, con quienes tuvieron ocasión de visitar las instalaciones del Jamones Aljomar y el Matadero Frigorífico El Navazo.
Escalada de la inflación
Pedro Ruiz recordó que en poco más de un año y medio “el precio de la electricidad se ha disparado por encima del 460%; y el del gas, un 875%”.
Estos fuertes incrementos, dijo, “han encarecido los procesos, los costes de producción y el precio de los alimentos, aunque en general las industrias no han trasladado el aumento de sus costes al precio final de sus productos”.
El presidente de Vitartis expresó su preocupación, además, por el hecho de que la escalada de la inflación “debilite a las empresas del sector, sobre todo a las pymes, que se encontraron después de la pandemia con los graves problemas del transporte y más tarde con esta crisis energética que aún padecemos y la escalada de la inflación, entre otras complicaciones derivadas de la guerra en Ucrania”.
De hecho, informó, “el sector perdió en 2021 algo más de 300 pymes en España, de las que alrededor de 30 tenían su sede en Castilla y León”.
En su opinión, en el caso de que esta situación se prolongue y no se tomen las medidas necesarias, “es muy probable que se suspendan inversiones y se reduzcan otros costes, con consecuencias muy negativas en términos de competitividad y de empleo”.
Rebaja de las cargas y peajes regulados
En concreto, el presidente de Vitartis se refirió a la reducción de las cargas y peajes regulados que el Consejo de Ministros ya ha aprobado para las industrias electrointensivas, y reclamó “la extensión de esta medida a las empresas de alimentación y bebidas, que supondría una importante rebaja en el recibo mensual de la energía”.
También pidió la colaboración de la Junta en la tarea de reducir el gasto energético de las empresas y propuso, en este sentido, mejorar dos vías de apoyo actualmente en vigor, como son las ayudas a instalaciones de autoconsumo y a la eficiencia energética.
Una mejora que debería de traducirse, en opinión del presidente de Vitartis, en el incremento de los recursos económicos con que han sido dotadas las dos líneas de ayudas y en la mayor agilidad a la hora de gestionarlas, con el fin de que las empresas agroalimentarias puedan ganar efectivamente independencia energética, así como reducir consumos y costes, de acuerdo con las últimas recomendaciones de la Comisión Europea.
Colaboración con la Junta: Plan Agroindustrial
En este sentido, Pedro Ruiz recordó que Vitartis ha trasladado al Gobierno regional una serie de iniciativas, con el fin colaborar y enriquecer el Plan Agroindustrial que se elabora actualmente, “al que concedemos mucha importancia, porque debería ser un instrumento muy eficaz para la dinamización y el fortalecimiento del sector”.
“Y un aspecto de gran interés para el sector —añadió— se refiere precisamente a la necesidad de que las empresas agroalimentarias puedan alcanzar un alto grado de eficiencia en la gestión del agua y de la energía, para lo que tienen que dotarse de la infraestructura necesaria”.
Otras de las propuestas, según Pedro Ruiz, se refieren a la disposición de Vitartis a colaborar con la Junta en la definición de un marco de las políticas de formación que mejore la adecuación de los nuevos profesionales a los perfiles que demanda el sector, en el apoyo al emprendimiento y a la innovación, así como en la puesta en marcha de proyectos colaborativos en los que participen todos los agentes de la cadena de alimentaria.
