El número de accidentes de trabajo en Castilla y León ha vuelto a aumentar en 2021, recuperando su tendencia ascendente. En concreto, el año ha cerrado con 27.860 accidentes de trabajo con baja, 3.581 más que en 2020, de los que 52 han resultado mortales. Estos datos sitúan la incidencia media en 2696 accidentes por cada 10.000 trabajadores, cifra ligeramente superior a la media española.
De hecho, el incremento se produce tanto en los accidentes de trabajo en jornada, como in itinere. Los primeros crecen un 13,66% y los segundos, un 27%. También se incrementan los accidentes de trabajo sin baja, que este año se sitúan en 35.881, un 8,5% más que en 2020.
Por eso, desde UGT han elaborado un exhaustivo informe para desglosar los sectores y provincias más afectados, las causas principales, así como el desarrollo y la afectación de las enfermedades profesionales.
Por sectores, Construcción y Servicios son los que perores resultados presentan, con fuertes incrementos en ambos casos. El sector de la construcción registra un crecimiento del 15,52% y Servicios del 24,52%. Sin embargo, el sector agrario aunque en cómputo global de accidentes muestra un descenso del 2,41%, su gravedad ha crecido un 36,84%.
La mitad de los accidentes mortales en jornada de trabajo se concentran en el sector Servicios, seguido de Industria (21%), Construcción (17%) y por último sector Agrario (12%), similar a la distribución que presentan los accidentes graves, donde Servicios aglutina el 46%, seguido de Industria (21%), Construcción (19%) y Agricultura (14%).
La comparación por provincias muestra una situación similar, con incrementos generalizados en todas las provincias, aunque en cantidades y proporciones variables, que van desde un crecimiento del 19,8% en Burgos al 5,56% de Soria en
los extremos de ese rango. De nuevo esa reducción no se refleja por igual en todos los grados de lesión y así se observa que en el caso de los accidentes graves se producen incrementos respecto a 2020 del 50%
en Segovia, 20,45% en León, 11,11% en Burgos y 8,33% en Soria; y reducciones en el resto de las provincias. En el caso de los accidentes mortales se reduce en todas salvo en Palencia, que registra un incremento del 60%. Y es que, de los 27.860 accidentes con baja registrados en 2021, 209 tuvieron la calificación de graves y 52 conllevaron el fallecimiento de un trabajador. Si bien los accidentes graves y mortales se han reducido respecto al 2020, la tendencia en los últimos diez años de este tipo de accidentes presenta una línea decreciente hasta el año 2016 y a partir de esa fecha, experimenta un rápido crecimiento
Además, los accidentes de tráfico han supuesto el 36,5% de los accidentes de trabajo mortales y el 15,3% de los graves, si bien, a diferencia de los no traumáticos su tendencia es decreciente. Este tipo de accidentes presentan una reducción acumulada del 20% desde 2011.
De acuerdo con UGT, “el auge del servicio a domicilio, mensajería y paquetería y las malas condiciones asociadas a este sector repercute directamente en la seguridad y salud de los trabajadores, causándoles incluso la muerte. Los plazos ajustados, el exceso de carga de trabajo, las malas condiciones de los vehículos están implicados en el aumento de las cifras de siniestralidad”.
Cabe destacar que el 91,7% del total de accidentes de trabajo con baja los han sufrido los trabajadores asalariados. Sin embargo, a medida que se agrava el accidente, el peso de los trabajadores autónomos es mayor. Así, del total de los accidentes graves, el 25% lo han sufrido trabajadores autónomos, y si hablamos de accidentes mortales, el porcentaje es del 17%.
En la misma línea, los datos sobre enfermedades profesionales correspondientes al año 2021, muestran un total de 406 enfermedades declaradas, lo que supone un aumento del 12,47% respecto a 2020, año en el que la declaración de enfermedades profesionales cayó en picado influido por el descenso de la actividad empresarial como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia.
Sin embargo, según denuncia la organización sindical, “muchas enfermedades que tienen un origen laboral no son consideradas como tales. Un claro ejemplo es la ausencia de las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales en el Cuadro Español de enfermedades profesionales que la OIT ya incluía en 2010. Por eso, desde el sindicato reclaman una actualización del Listado de Enfermedades Profesionales Español.
También reivindican en UGT la inclusión imprescindible de la COVID-19 como enfermedad profesional dentro del Grupo 3 (causadas por agentes biológicos), en línea con lo establecido por el Marco Estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027.
Por todo ello, Ma Fe Muñiz, secretaria de salud laboral y medio ambiente de UGT Castilla y León asegura que “los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son solo la parte visible de las condiciones de trabajo inseguras a las que diariamente se enfrentan los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”. Según Muñiz, “esta situación la favorece la falta de inversiones reales en prevención de
riesgos laborales y un modelo preventivo maleado que no garantiza la protección de la seguridad y salud de los trabajadores”.
En palabras de la secretaria de salud laboral, “la actividad preventiva de las empresas no se adecua a las particularidades de los riesgos y las actividades de los centros de trabajo. Por eso, la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha constatado que, en muchos casos, “existe un interés prevalente por evitar la sanción mediante el recurso a la obtención de certificados o pruebas que acrediten la cobertura formal de determinadas obligaciones, antes que el cumplimiento real y efectivo de las mismas”.
En el mismo sentido, el proceso de concentración (en ocasiones a través de operaciones de fondos de inversión) que han experimentado los servicios de prevención ajenos y la competencia de precios que se ha establecido entre ellos, conduce a que la calidad del servicio que prestan se vea mermada ante la necesidad de obtener la mayor rentabilidad posible, si no la propia supervivencia del servicio de prevención. Esto es especialmente preocupante en determinadas actividades preventivas de los SPA, como son las de vigilancia de la salud o formación preventiva a los trabajadores donde se constatan deficiencias graves.
Tampoco ha querido el sindicato pasar por alto “la enorme implicación en los accidentes de trabajo mortales de los riesgos psicosociales”.
Para UGT, la gestión de los riesgos psicosociales sigue siendo una asignatura pendiente de los sistemas de gestión preventiva: “El desconocimiento, la falta de sensibilización y el interés de algunos en considerar que lo psicosocial es un aspecto muy subjetivo son determinantes”.
El resultado final es que en Castilla y León las patologías no traumáticas como el infarto o el ictus, son la primera causa de muerte en el trabajo y, para la secretaría de Salud Laboral de UGTCyL, “se trata de patologías eminentemente de carácter psicosocial puesto que están directamente relacionadas con el modo en el que el trabajo se organiza, diseña y gestiona, así como con el contexto social y económico del trabajo” y, “pese a su importancia, no se está llevando a cabo una intervención activa ni en la vertiente preventiva, ni mucho menos en la vertiente de protección social”.
Para concluir, Ma Fe Muñiz ha insistido en la importancia y urgencia de recuperar las inversiones, redefinir el modelo preventivo, reforzar los instrumentos de asesoramiento, control e inspección y mejorar los mecanismos de coordinación actuales porque, “hasta ahora, la salud laboral de las personas trabajadoras no ha tenido la presencia pública que merece, y apenas ha formado parte de la agenda política del Gobierno Regional. Se abre ahora una nueva era política, que esperemos, dé un cambio de rumbo y priorice la mejora de las condiciones de seguridad y salud en la acción del gobierno”.
