La Unión de Campesinos de Castilla y León protagonizó el pasado 11 de febrero una masiva movilización en Madrid, en la que se destacó un rotundo rechazo al acuerdo MERCOSUR, que permitiría la importación de productos elaborados con sustancias prohibidas en la Unión Europea. La protesta buscó visibilizar la preocupación de agricultores y ganaderos sobre los riesgos para la salud pública y el impacto sobre la producción local.
Tras la manifestación, la organización se ha sentado a negociar sus propuestas con los responsables políticos, logrando un acuerdo de mínimos: la presentación de varias Propuestas No de Ley (PNL) que instan al Gobierno a oponerse a la aplicación provisional del acuerdo MERCOSUR hasta que el Tribunal de Justicia de la UE emita su dictamen. Este paso garantiza que, en caso de que la Comisión Europea intente activar el acuerdo antes de su ratificación por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, España vote en contra, dando voz a los productores españoles que han dicho un firme “NO”.
La Unión de Campesinos insiste en que las materias activas prohibidas en Europa no pueden emplearse en los productos importados, y promueve la introducción del principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países. Esto implica que los productos importados deben cumplir con las mismas condiciones de producción que las europeas, especialmente en materia ambiental, de salud ciudadana y bienestar animal.
Estas propuestas forman parte de un decálogo presentado a todos los grupos parlamentarios de Castilla y León de cara a las elecciones del 15 de marzo, con el objetivo de conocer claramente su postura sobre la protección de la producción agroalimentaria y la seguridad alimentaria en la UE.
Con esta iniciativa, la organización reafirma su compromiso de defender los intereses de los agricultores y ganaderos, asegurando que los acuerdos internacionales respeten la normativa europea y los estándares de calidad y seguridad que exige el mercado nacional.
