El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción impulsada por el Partido Popular para reprobar, por segunda vez, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La iniciativa ha contado con el respaldo mayoritario de la Cámara Alta y se ha sustentado en lo que los populares califican como “una larga lista de motivos” que incluyen desde el “caos ferroviario” hasta el “abandono de las zonas rurales” o la “opacidad ante la corrupción”.
Durante el debate, la senadora popular Cristina Casanueva ha sido especialmente crítica al describir la situación ferroviaria como “una de las mayores crisis de infraestructuras que ha vivido España en décadas”. En su intervención, ha acusado al Ejecutivo de una “desinversión encubierta” y ha lamentado la inejecución de casi 2.000 millones de euros del presupuesto a finales de 2024. “El Cercanías de Madrid, Rodalies en Cataluña, los AVE hacia Andalucía y los trenes de media distancia están sumidos en un colapso diario”, ha asegurado.
Casanueva ha recriminado a Puente su gestión y su actitud ante los reiterados incidentes en la red ferroviaria. “¿Alguien ha pedido perdón? ¿Alguien ha asumido responsabilidades?”, ha preguntado, al tiempo que ha afeado al ministro que minimice la situación y desvíe la atención con “acusaciones de sabotaje”. Según la senadora, “los ciudadanos están cansados del descontrol y de las excusas, y hoy el Senado les da voz”.
En una línea similar se ha expresado el senador Fernando Martínez-Maíllo, que ha centrado su discurso en tres ejes: la supuesta ineficacia del ministro, su papel en la “cobertura de la corrupción del anterior titular, José Luis Ábalos”, y el deterioro del servicio ferroviario en la España rural. “¿Cómo no vamos a reprobar a quien ha sido nombrado para tapar su propia corrupción?”, ha dicho, en una intervención cargada de reproches al Ejecutivo.
Maíllo ha advertido de la pérdida de frecuencias en zonas como Sanabria, Medina del Campo o Segovia a partir del próximo 9 de junio. “No construimos trenes para verlos pasar sin parar”, ha sentenciado. Además, ha rechazado los argumentos económicos del Gobierno para justificar estos recortes. “¿Desde cuándo se mide la rentabilidad de los servicios públicos en el medio rural?”, ha cuestionado.
