El portavoz socialista de Educación del Grupo Socialista en las Cortes, Fernando Pablos, acusó a la Junta de no estar priorizando la educación rural y exigió una rectificación al asegurar que “sin servicios públicos de calidad es imposible fijar población en nuestros pueblos”.
Durante su intervención, Pablos acusó a la Junta de valerse de criterios económicos y advirtió que, si realmente se quiere poner solución al problema de la despoblación, la educación no puede regirse por el parámetro del ahorro. Así, el socialista ha exigido al gobierno autonómico que priorice la educación rural “con decisiones y no con palabrería”.
Una exposición en la que el socialista expuso la falta de prioridad de la Junta que deriva en comarcas enteras como la Sierra de Francia o la comarca de Ledesma, sin estudios de Bachillerato y FP ni cuando disminuye incomprensiblemente profesorado en los centros rurales como ha ocurrido en el colegio de la Alberca. Allí, tal y como expuso Pablos, el curso pasado había 12 profesores para 65 estudiantes y este curso, que hay un estudiante más, hay un docente menos , ignorando las solicitudes del AMPA y el Ayuntamiento para que no disminuyera el profesorado porque se incorporarán al menos 30 niños y niñas en los próximos 3 cursos.
“Tampoco la prioriza cuando suprimen unidades escolares en colegios rurales como han hecho en Villavieja ni cuando ignoran acuerdos de la mayoría de los grupos de estas Cortes”, añadió el portavoz socialista, quien criticó que asimismo que 15 meses después de la firma del Pacto de Reconstrucción aún no se sabe nada de la creación de Centros Integrados de FP en el medio rural, ni hay referencia alguna a su ubicación en el nuevo plan de Formación Profesional.
“La Junta está en deuda con las familias por incumplir el acuerdo plenario para crear programas específicos de conciliación en junio y septiembre con motivo de la jornada reducida y con el profesorado, al que prometió la jornada de 35 horas a partir del 1 de septiembre de 2019”, afirmó Pablos, que acusó al presidente de la Junta y a la consejera de Educación de no tener palabra.
