El Procurador del Común de Castilla y León insta a la Junta de Castilla y León a que la valore la necesidad de redoblar sus esfuerzos en materia de promoción y ampliación del Parque Público de vivienda destinada al alquiler social. De esta manera, Tomás Quintana se hace eco de las quejas presentadas por los ciudadanos ante la Procuraduría en base a "la falta de viviendas suficientes para atender situaciones de emergencia habitacional de las personas de colectivos especialmente vulnerables, familias sin recursos que se encuentran en una situación de extrema precariedad o en riesgo de exclusión social".
Así lo ha señalado Tomás Quintana en una resolución en la que pide que se garantice una efectiva coordinación con las Administraciones locales competentes con el objetivo de facilitar de forma ágil y urgente el acceso temporal a una vivienda en régimen de alquiler social a personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Actualmente Castilla y León dispone de un total de 2.867 viviendas dentro de su Parque Público destinado al alquiler social, si bien sólo el 74,7% está ocupadas de manera regular frente a las 107 que permanecen sin ocupar y las 557 que precisan de obras de reparación o realización de trámites administrativos para poder ser alquiladas con todas las garantías.
Pese a que desde la Procuraduría se han evidenciado "las dificultades que ha de enfrentar esa Administración" en forma de una escasa e insuficiente disponibilidad de viviendas de protección pública para su alquiler social, así como la demora en la tramitación de las solicitudes de viviendas demandadas, Quintana insta a adoptar una intervención "rápida e inaplazable".
Una situación que en los últimos años se ha visto agravada por los efectos económicos derivados de la pandemia y, más recientemente, por la guerra en Ucrania a punto de cumplir dos años. Ante la necesidad de localizar más espacios habitacionales, Quintana insta a valorar la posibilidad de ampliar el número de inmuebles con la incorporación de otros provenientes de procesos de ejecuciones hipotecarias. "Consideramos que este es un instrumento eficaz como medio para incrementar el Parque Público de vivienda, luchar contra la especulación en detrimento del derecho a la vivienda y satisfacer la creciente demanda de vivienda social".
Al tiempo, solicita una continuación y ampliación del Convenio suscrito con la SAREB para incrementar las viviendas integrantes del Parque Público de vivienda en alquiler de Castilla y León, que ha tenido poca repercusión hasta la fecha, al existir en toda Catilla y León 75 viviendas procedentes de las entidades financieras.
