Podemos Castilla y León ha criticado que la Junta de Castilla y León haya mantenido el modelo de privatización de los servicios de prevención y extinción de incendios, a pesar de las denuncias de prácticas empresariales irregulares y acuerdos colusorios que afectaban a varios contratos públicos. La formación morada ha revelado que, en 2014 y 2015, la Consejería de Medio Ambiente presentó denuncias por acuerdos empresariales para repartirse los contratos de los servicios de incendios en diversas provincias, incluyendo Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.
Según las denuncias, las empresas involucradas en estos contratos mostraban un comportamiento sospechoso, con un porcentaje anómalo de ofertas que no presentaban bajas sobre el presupuesto base de la licitación, lo que levantó sospechas de prácticas contrarias a la libre competencia. Las denuncias fueron archivadas en 2014 y 2017 por el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León tras recibir informes desfavorables de la Consejería de Economía de la Junta.
El último informe registrado por la Consejería de Medio Ambiente data de julio de 2015, un día antes de la llegada de Juan Carlos Suárez-Quiñones como consejero de Medio Ambiente. Desde ese momento, no se ha registrado ninguna nueva denuncia en la Consejería.
Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos Castilla y León, ha exigido explicaciones al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco sobre el mantenimiento de la privatización del servicio, a pesar de los precedentes que apuntan a posibles irregularidades. Llamas ha subrayado que el modelo privatizador está precarizando las condiciones laborales y ha demandado la dimisión del consejero Suárez-Quiñones por lo que considera una "bochornosa gestión" durante la crisis de incendios forestales.
