La Confederación General del Trabajo (CGT) ha alzado su voz contra la Junta de Educación, acusándola de ignorar a los docentes con el reciente lanzamiento del protocolo de doble factor de autenticación. Según la denuncia de CGT, la Consejería de Educación ha implementado este protocolo de seguridad de manera apresurada y caótica, sin respetar los derechos laborales de los profesionales de la educación.
La principal queja de CGT radica en la falta de comunicación adecuada por parte de la Junta. Se ha criticado que muchos centros educativos fueron informados del cambio apenas horas antes de su implementación, mientras que otros ni siquiera recibieron notificación al respecto. Esta falta de preaviso dejó a miles de docentes sin tiempo suficiente para adaptarse al nuevo protocolo, lo que resultó en el bloqueo de cuentas de correo corporativas y en la imposibilidad de acceder a información relevante para su trabajo.
Además, CGT ha señalado que para realizar las modificaciones requeridas, los docentes se vieron obligados a utilizar sus dispositivos móviles personales para descargar una aplicación externa, Microsof Authenticator. Según la normativa laboral, la administración debería proveer los recursos necesarios para realizar cambios informáticos, en lugar de requerir el uso de dispositivos y recursos personales de los empleados. Esta práctica, según CGT, vulnera los derechos de los trabajadores y lesiona sus condiciones laborales.
Otro aspecto problemático destacado por CGT es la incompatibilidad de algunos dispositivos móviles con las versiones actuales de los programas requeridos, lo que impide a muchos docentes llevar a cabo las actualizaciones necesarias.
En respuesta a estas prácticas, CGT exige que la administración eduque de forma responsable y respetuosa hacia sus trabajadores, proporcionando plazos adecuados para informar y formar sobre los cambios que afectan directamente a su práctica laboral. Asimismo, insta a que se proporcionen los medios necesarios, incluido el material informático o telefónico, para garantizar que ningún empleado público tenga que utilizar recursos personales para asuntos laborales.
