En el ámbito de vivienda, se está reforzando el apoyo a las familias vulnerables, jóvenes y el medio rural, con varias medidas y reformas, mediante el Decreto-Ley 2/2022 con el que se introducen las viviendas colaborativas y las de protección pública (VPP) para el uso de terceros en el medio rural. También a través de la Ley 1/2023, que aumenta los ingresos familiares para poder ser adjudicatario de viviendas de promoción pública y facilita el uso de locales comerciales sin uso como viviendas.
En este sentido, se ha actualizado los precios máximos de venta y alquiler adecuándolos al incremento de precios de los costes de construcción para incentivar la construcción de vivienda protegida.
Además, se ha lanzado el Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes (TUYA), que incluye ayudas a la compra y alquiler, incrementando el parque público de alquiler y ofreciendo beneficios fiscales. La Consejería ha reducido el precio de compra de viviendas de promoción pública en municipios rurales y creado la línea de garantías "Mi Primera Vivienda" para avalar préstamos hipotecarios, que ha tenido ya más de 2.800 solicitudes y más de 600 hipotecas constituidas. También han impulsado la rehabilitación de inmuebles deshabitados con el programa Rehabitare, y mejorado las condiciones de las ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes y municipios pequeños, a las que este año se ha destinado más de 40 millones.
Se está fomentando la promoción de viviendas protegidas en el modelo de "Cohousing" y manteniendo una política fiscal favorable a los jóvenes y el medio rural. También se están introduciendo mejoras en las ayudas al alquiler, ampliando el objeto del alquiler y ajustando los límites de ingresos y cuantías de las rentas y subvenciones.
El compromiso incluye nuevos programas de ayuda para los más vulnerables, en colaboración con entidades del tercer sector, y la ampliación del parque público de viviendas, tanto en venta como en alquiler. Además, se planea un nuevo programa para construir viviendas sostenibles en áreas rurales con dinámica industrial o de servicios, con una inversión estimada de 32 millones de euros hasta 2030.
La ejecución de estos programas se integra en una política de vivienda orientada a su acceso en compra o alquiler por los jóvenes de menos de 36 años, con una perspectiva de medio rural, acciones en las que la inversión en la legislatura, impulsada por los fondos europeos, superará los 832 millones de euros para construir y rehabilitar a este fin un total de 2.967 viviendas.
