Los Servicios Jurídicos de la Junta solicitan para los acusados penas de prisión que suman un total de 20 años, multas por 22.500.000 de euros y una responsabilidad civil de los acusados a pagar a la Administración Autonómica de 16.300.000 euros.
El procedimiento judicial penal se inició mediante las Diligencias Previas 5035/2013 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid, por denuncia de la Fiscalía Provincial de Valladolid, sobre si determinados cargos de una concreta empresa pública (GESTURCAL) del sector público de la Comunidad de Castilla y León, habían podido propiciar, con provecho propio, un trato privilegiado y de beneficio a determinados empresarios privados, en el caso conocido como "Arroyo y Portillo".
Tras la personación de la Junta de Castilla y León en mayo de 2016, ahora la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia ha dado cumplimiento al auto de febrero de 2019 del Juzgado de apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Valladolid, formulando las conclusiones provisionales de acusación.
El director de los Servicios Jurídicos Luis Miguel González Gago señala que el interés que persigue la Junta de Castilla y León en este proceso es el esclarecimiento de los hechos, la protección de los derechos e intereses de la Administración Autonómica, exigiendo la responsabilidad penal de las personas físicas que los hubieran podido cometer, y también la civil, de éstas y de las empresas privadas beneficiarias de las actuaciones, y recuperar aquellos daños y perjuicios que haya podido tener la Hacienda Pública de Castilla y León, como titular del 100% del accionariado de la empresa pública.
González Gago remarca que los Servicios Jurídicos en su acusación han hecho hincapié en que, en este caso, las presuntas actuaciones ilícitas las han cometido sólo dos personas del sector público, y lo han hecho a título personal, en ningún caso como altos cargos de la Junta de Castilla y León, sino como cargos directivos de una empresa pública, que tiene forma de sociedad anónima, y que actúa normalmente en el mercado sujeta al derecho privado.
Hechos investigados
Los hechos objeto de investigación abarcan desde mediados de 2005 hasta diciembre de 2011, y básicamente han sido dos, sin conexión en cuanto a la materia u objeto, pero en los que sí parece que han intervenido las mismas personas investigadas.
En primer lugar, se han investigado los hechos de la Agencia de Desarrollo Económico y de la empresa pública GESTURCAL en el proceso de compra del Edificio Administrativo de Arroyo de la Encomienda como sede de diversas entidades públicas, y en segundo lugar, los hechos de la empresa pública GESTURCAL sobre el proceso de compra de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, ambos ubicados en Valladolid.
