La Junta de Castilla y León ha aprobado una modificación normativa que permitirá a las diputaciones provinciales asumir también la competencia para la disolución de agrupaciones de municipios, con el objetivo de agilizar la gestión administrativa y facilitar la adaptación organizativa de los pequeños ayuntamientos del medio rural.
La medida ha sido aprobada este jueves en el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, mediante la modificación del Decreto 256/1990, que regula la delegación de determinadas funciones de titularidad autonómica en las diputaciones provinciales.
Hasta ahora, las diputaciones únicamente tenían delegada la tramitación y aprobación de los expedientes para la constitución de agrupaciones de municipios destinadas al sostenimiento conjunto de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, principalmente secretarios-interventores y tesoreros.
Con esta reforma, las instituciones provinciales podrán encargarse también de aprobar la disolución de estas agrupaciones, concentrando así en una misma administración ambas competencias y favoreciendo una gestión más rápida y coherente de los procedimientos.
Estos funcionarios desempeñan un papel esencial en los pequeños municipios, ya que garantizan la fe pública en la administración local y supervisan aspectos fundamentales como la correcta ejecución de los presupuestos municipales.
La Junta considera que este cambio permitirá adaptar de forma más flexible la organización local a las necesidades de cada territorio y, al mismo tiempo, actualizar la normativa autonómica conforme al Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación nacional.
El ámbito de aplicación de esta delegación seguirá limitado a los municipios de menos de 20.000 habitantes, manteniéndose así el enfoque de apoyo a la administración local rural.
Actualmente existen 614 agrupaciones de municipios en Castilla y León, que integran a 1.699 ayuntamientos, lo que representa aproximadamente el 75 % de los 2.248 municipios de la Comunidad. Estas agrupaciones sostienen el 37 % de los 1.643 puestos de funcionarios con habilitación nacional existentes en Castilla y León.
La modificación normativa había sido comprometida previamente por el consejero de la Presidencia en las Cortes de Castilla y León y ha recibido el visto bueno tanto del Consejo de Cooperación Local como de la Comisión Mixta entre la Comunidad Autónoma y las diputaciones provinciales.
