La Junta de Castilla y León ha concedido un total de 143.000 euros en ayudas a 81 familias que han trasladado su residencia al medio rural de la Comunidad desde otras autonomías a lo largo de 2025, dentro de una estrategia dirigida a frenar la despoblación. Sin embargo, ninguna de estas ayudas ha recalado en la provincia de Zamora, según se desprende de la última resolución publicada.
Estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige Isabel Blanco, buscan incentivar el asentamiento en municipios de menos de 20.000 habitantes. Del total de beneficiarios, 62 familias tienen hijos, lo que les permite acceder a la cuantía máxima de 2.000 euros, mientras que el resto ha percibido 1.000 euros.
En la última convocatoria, correspondiente al cierre del ejercicio, se han otorgado 23 ayudas por valor de 43.000 euros, de las cuales 20 han sido para familias con menores. Los nuevos residentes se han instalado en localidades como Cantimpalos (Segovia), Castrocontrigo (León), Burgohondo (Ávila), Tordesillas (Valladolid) o Lumbrales (Salamanca).
En el balance global del año, León se sitúa como la provincia con mayor capacidad de atracción, con familias instaladas en al menos una veintena de municipios. En cuanto al origen de los nuevos pobladores, destacan Madrid (29 traslados), Cataluña (11) y Andalucía (9).
El programa excluye expresamente a municipios de mayor tamaño como Aranda de Duero o Miranda de Ebro (Burgos), Ponferrada y San Andrés del Rabanedo (León), así como Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo (Valladolid), centrando así el foco en el medio rural más vulnerable.
Las ayudas se conceden de forma directa y por orden de solicitud, con un plazo de un mes desde el empadronamiento. Entre los requisitos, figura que la familia proceda de otra comunidad autónoma y haya residido en ella al menos durante el último año, además de mantener el empadronamiento en Castilla y León durante un mínimo de dos años.
Asimismo, al menos uno de los miembros debe desarrollar actividad laboral en la Comunidad, ya sea por cuenta propia, ajena o mediante teletrabajo acreditado. También se exige la escolarización de los menores en centros de la Comunidad y la inclusión de toda la unidad familiar en el sistema sanitario autonómico.
Este programa se enmarca en las políticas autonómicas para fijar población en el territorio, aunque los datos evidencian una desigual implantación territorial que, en el caso de Zamora, vuelve a dejarla fuera del reparto de nuevos residentes incentivados.
