ASCEL inició en octubre 2019 el procedimiento administrativo para proteger toda la población de lobos de España incluyéndolo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría Vulnerable, o —en su defecto— en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). Desde entonces, y como el Ministerio se negó (por silencio administrativo) a dar cumplida cuenta del trámite, ASCEL se vio obligada a acudir a los Tribunales. A pesar de ello, cuando ya se habían superado, tanto el Dictamen del Comité Científico como la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y tras la consulta pública efectuada en febrero del 2021, y cuando ya sólo restaba la publicación de la orden en el BOE, ahora, al lobo, se le expulsa del marco legal para poder seguir persiguiéndolo y matándolo con el visto bueno y el amparo de la Ministra y su equipo, inventando un mecanismo ‘ad hoc’, perverso y en fraude de ley.
La protección de especies en España es una potestad básica del Ministerio, que se niega a ejercer en este caso en aras a un hipotético consenso. No procede negociar con los que matan o quieren matar lobos, cuando el trámite sólo espera la firma de la Ministra. No es factible supeditar su protección real a una figura que tiene que derivarse de la misma, no antecederla (Estrategia). Y por otro lado ¿cómo es posible que se negocie con sectores de cierto interés económico, en base a falsas premisas, además, un interés común, con respaldo legal? Algo así como si un Ministerio del Interior negociara con los ladrones para facilitar el acceso a los cuarteles de la Guardia Civil. A esta Ministra y su Gabinete le sobran las competencias en biodiversidad, no ejerce las suyas propias, y se pierde en aras a los consensos que nunca existirán con Comunidades Autónomas (CCAA) que solo saben, y no más entienden, de matar lobos
Sobre la cuestión del supuesto vacío legal, en palabras de un Secretario de Estado, debemos recordar que ya hace un mes, ASCEL envió, en carta a la Ministra, que la inclusión del lobo en el RD 139/2011, implicaba real y automáticamente, el cese de su muerte a través de los planes o programas de CCAA, vía caza o controles, como sucede con cualquier otra especie, y como no se le escapa a nadie.
Solo la cobardía y la ineptitud explican esta situación, que no es admisible, y que se dilucidará en los tribunales, porque nuestro marco jurídico de protección de especies no puede ser burlado a la torera por semejantes protagonistas.
Sí un Ministerio entiende que un trámite administrativo reglado se puede acomodar, suspender o negociar con quienes ignoran el marco vigente de protección de la biodiversidad, sobra o el marco o los responsables públicos ministeriales. ASCEL no pidió un favor cuando solicitó la protección real y efectiva del lobo, algo que nadie lo había hecho, hasta hace dos años. ASCEL ejerció un derecho, y ASCEL inició un trámite reglado. Y por ello, no vamos a permitir que el ejercicio de los derechos (nuestros y de todos) sea pisoteado por una Ministra rehén de intereses económicos contra la conservación, ni por la supina incompetencia de un Secretario de Estado, o por las negociaciones indebidas y sectoriales de un Director General.
En los tribunales estamos y estaremos, porque ni el lobo ni la biodiversidad en España, ni aquellos que la defendemos, podemos observar como a quienes pagamos por protegerla, se dediquen en cuerpo y alma a erosionarla.