ASCEL señala que Teresa Ribera no cumple con sus obligaciones

ASCEL estima que la inacción del Ministerio, al prolongar sine die la protección del lobo en el BOE, provocará que más de 300 ejemplares puedan morir este año por caza y control letal de las Comunidades Autónomas

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ASCEL inició en octubre 2019 el procedimiento administrativo para proteger toda la población de lobos de España incluyéndolo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría Vulnerable, o —en su defecto— en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). Desde entonces, y como el Ministerio se negó (por silencio administrativo) a dar cumplida cuenta del trámite, ASCEL se vio obligada a acudir a los Tribunales. A pesar de ello, cuando ya se habían superado, tanto el Dictamen del Comité Científico como la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y tras la consulta pública efectuada en febrero del 2021, y cuando ya sólo restaba la publicación de la orden en el BOE, ahora, al lobo, se le expulsa del marco legal para poder seguir persiguiéndolo y matándolo con el visto bueno y el amparo de la Ministra y su equipo, inventando un mecanismo ‘ad hoc’, perverso y en fraude de ley.

La protección de especies en España es una potestad básica del Ministerio, que se niega a ejercer en este caso en aras a un hipotético consenso. No procede negociar con los que matan o quieren matar lobos, cuando el trámite sólo espera la firma de la Ministra. No es factible supeditar su protección real a una figura que tiene que derivarse de la misma, no antecederla (Estrategia). Y por otro lado ¿cómo es posible que se negocie con sectores de cierto interés económico, en base a falsas premisas, además, un interés común, con respaldo legal? Algo así como si un Ministerio del Interior negociara con los ladrones para facilitar el acceso a los cuarteles de la Guardia Civil. A esta Ministra y su Gabinete le sobran las competencias en biodiversidad, no ejerce las suyas propias, y se pierde en aras a los consensos que nunca existirán con Comunidades Autónomas (CCAA) que solo saben, y no más entienden, de matar lobos

Sobre la cuestión del supuesto vacío legal, en palabras de un Secretario de Estado, debemos recordar que ya hace un mes, ASCEL envió, en carta a la Ministra, que la inclusión del lobo en el RD 139/2011, implicaba real y automáticamente, el cese de su muerte a través de los planes o programas de CCAA, vía caza o controles, como sucede con cualquier otra especie, y como no se le escapa a nadie.

Solo la cobardía y la ineptitud explican esta situación, que no es admisible, y que se dilucidará en los tribunales, porque nuestro marco jurídico de protección de especies no puede ser burlado a la torera por semejantes protagonistas.

Sí un Ministerio entiende que un trámite administrativo reglado se puede acomodar, suspender o negociar con quienes ignoran el marco vigente de protección de la biodiversidad, sobra o el marco o los responsables públicos ministeriales. ASCEL no pidió un favor cuando solicitó la protección real y efectiva del lobo, algo que nadie lo había hecho, hasta hace dos años. ASCEL ejerció un derecho, y ASCEL inició un trámite reglado. Y por ello, no vamos a permitir que el ejercicio de los derechos (nuestros y de todos) sea pisoteado por una Ministra rehén de intereses económicos contra la conservación, ni por la supina incompetencia de un Secretario de Estado, o por las negociaciones indebidas y sectoriales de un Director General.

En los tribunales estamos y estaremos, porque ni el lobo ni la biodiversidad en España, ni aquellos que la defendemos, podemos observar como a quienes pagamos por protegerla, se dediquen en cuerpo y alma a erosionarla.

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