El Gobierno da luz verde al Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda en Castilla y León

Castilla y León recibirá 21.600.000 euros para el Bono Alquiler Joven y 77.922.000 euros para el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025

El Consejo de Ministros da luz verde de esta manera a la propuesta de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, que aprobará el reparto definitivo de los fondos el próximo 9 de marzo

photo_camera Foto archivo vivienda

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha adoptado los acuerdos por los que se autoriza la propuesta de distribución territorial de los fondos estatales para el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

El reparto de fondos asigna a Castilla y León un total de 99.522.000 euros, de los que 21.600.000,00 euros irán destinados al Bono Alquiler Joven y 77.922.000 euros al Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

La propuesta, que salió inicialmente de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo celebrada el pasado 2 de febrero, contempla la distribución territorial de 1.843 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas. La reunión sectorial del próximo 9 de marzo aprobará el reparto definitivo de los fondos.

Bono Alquiler Joven

En lo relativo al Bono Alquiler Joven, la ayuda se fija en 250 euros mensuales durante un plazo de 2 años para cada joven, siempre y cuando tengan una fuente regular de ingresos y los ingresos de la unidad de convivencia sean inferiores a 3 IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Esta ayuda se concede para jóvenes que alquilen viviendas de hasta 600 euros/mes sin perjuicio de que en algunos supuestos acordados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma correspondiente pueda ascender a los 900 euros/mes.

Además, y para atender a la realidad de muchos de nuestros jóvenes, en el caso de los alquileres de habitación, estos límites de precio serán de hasta 300 euros por habitación, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros si así lo establece la comisión de seguimiento.

En todo caso, la vivienda arrendada deberá tener la consideración de vivienda habitual y permanente.

Esta ayuda será compatible con otras destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerables (entendiendo como tales a estos efectos los que determinen las Comunidades o Ciudades Autónomas). También es compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. La suma del “Bono Alquiler Joven” y las mencionadas ayudas tendrán como límite el 100% de la renta arrendaticia.

Por otra parte, es también compatible con la ayuda del Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Si bien, en este caso la suma del “Bono Alquiler Joven” y esta ayuda tendrá como límite el 75% de la renta arrendaticia.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022 incluye una dotación presupuestaria de 200 millones de euros para el “Bono Alquiler Joven”. Este importe posibilitará que los jóvenes puedan acceder al alquiler de una vivienda y a su emancipación.

Acceso a la vivienda

En lo que se refiere al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que prestará especial atención a los sectores más desfavorecidos de la población, a corto plazo tiene los siguientes objetivos:

  • Facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos con menos recursos mediante ayudas directas al alquiler a aquellos arrendatarios con menos recursos.
  • Facilitar el acceso a la vivienda o a soluciones habitacionales lo más inmediatas posibles a las personas víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, incluidos supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, mediante ayudas directas al alquiler y a los gastos de suministros y comunidad de hasta el 100% de la renta del alquiler y de dichos gastos.
  • Facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes con mayores ayudas al alquiler e incluso con ayudas a la adquisición de vivienda en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño.
  • Fomentar la oferta de vivienda en alquiler con ayudas a los arrendadores para el pago de un seguro de protección de la renta arrendaticia.
  • Colaborar a los objetivos del reto demográfico mediante ayudas a los jóvenes para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.

Y, a medio plazo, el Plan tiene como objetivos:

  • Incrementar la oferta de vivienda en alquiler social mediante el impulso del parque público de vivienda, estableciendo ayudas a la adquisición de viviendas por las administraciones públicas o sus entidades vinculadas o dependientes.
  • Incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible para las personas mayores o con discapacidad, mediante ayudas a la promoción de viviendas con diseño, instalaciones y servicios que respondan a sus especiales circunstancias, ya sean de titularidad pública o privada, y ya sean de nueva edificación o procedentes de la rehabilitación de edificios preexistentes que se vayan a destinar durante un plazo determinado al alquiler asequible con rentas limitadas y para arrendatarios con ingresos limitados.
  • Incrementar la oferta de alojamientos y viviendas en alquiler, impulsando la promoción de alojamientos temporales, de modalidades residenciales tipo cohousing, de viviendas intergeneracionales y otras similares en las que, en todo caso, se reduce la superficie privativa de alojamiento o vivienda y se incrementa la superficie de interrelación en comparación con las soluciones habituales de viviendas, que vayan a ser destinados al alquiler, la cesión en uso o a cualquier régimen temporal similar admitido en derecho.
  • Incrementar la oferta de vivienda en alquiler social impulsando la puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de entidades públicas a las comunidades autónomas y entidades locales, así como a sus entidades vinculadas o dependientes para que sean destinadas a dicho alquiler social.
  • Incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible o social mediante la puesta a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales, así como de sus entidades vinculadas o dependientes, de viviendas libres de gestores privados de vivienda en alquiler para su alquiler como vivienda asequible o social.

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