Este retraso en los trámites se debe a la falta de personal en la administración, lo que ha generado una espera prolongada para los empleados que desean acogerse a este derecho.
La situación se complica aún más con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2024, que modifica la legislación sobre jubilación parcial. Esta nueva normativa no contempla las particularidades del empleo público, afectando directamente a más de 5.000 trabajadores en Castilla y León y desincentivando el acceso a jubilaciones parciales en el sector público. CSIF critica que la nueva redacción de la ley pone en peligro un derecho ganado y consolidado, ya que exige que los contratos relevo sean indefinidos y a tiempo completo, lo que dificulta el acceso a esta modalidad de jubilación.
El sindicato ha exigido que la Junta no aproveche la reforma para retener las solicitudes de jubilación, ya que esta medida perjudicaría gravemente a los trabajadores públicos.
