La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha resuelto la convocatoria de subvenciones del programa ATRER 2025, cuyo objetivo es paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de Castilla y León afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. La resolución atiende la totalidad de solicitudes presentadas que cumplen requisitos y constata el éxito de las mejoras introducidas este año, beneficiando a un mayor número de trabajadores a pesar del descenso del número de afectados.
Las ayudas aprobadas suman 700.038 euros y van a beneficiar a un total de 1.548 trabajadores en el conjunto de la Comunidad. Se trata de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo con suspensión de contrato o reducción de jornada, durante al menos 10 días en el periodo comprendido entre el 1 de junio del 2024 y el 30 de abril del 2025, y con una base de cotización no superior a los 4.000 euros mensuales.
Los beneficiarios van a recibir una ayuda que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros, en función del número de jornadas de afección que hayan sufrido, y podrán compatibilizar esta ayuda con otras destinadas a la misma finalidad, siempre que la suma de las percepciones - incluido, en su caso, salario y/o prestación por desempleo - no supere el 100 % de su retribución bruta mensual.
La convocatoria ATRER 2025, se enmarca en una mejor situación del mercado laboral que se traduce en un descenso de los trabajadores afectados por ERTE. Sin embargo, el número de trabajadores beneficiarios se han incrementado, pasando de los 1.363 beneficiarios de la convocatoria del pasado año a los 1.548 de la convocatoria de este año.
Estos datos evidencian el éxito de la modificación de las bases que se ha llevado a cabo este año y que ha permitido llegar a un porcentaje mayor de trabajadores. Las modificaciones introducidas buscaban precisamente ampliar el número de beneficiarios, además de simplificar la tramitación y agilizar la concesión, implementando criterios de mayor equidad y justicia.
En este sentido, se eliminaron las restricciones en función del tamaño de la empresa, se incluyeron los trabajadores afectados como consecuencia de una resolución judicial en un procedimiento concursal, se eliminó con carácter general la necesidad de presentar el certificado de empresa y se estableció una cuantía fija de 10 euros por jornada de suspensión.
