Castilla y León mantiene una posición de endeudamiento moderado dentro del conjunto de comunidades autónomas españolas, según los últimos datos del organismo regulador correspondientes al primer trimestre de 2026. En concreto, la Comunidad acumula un pasivo de 14.237 millones de euros, lo que supone el 4,1 % del total autonómico, cifrado en 346.910 millones de euros.
Uno de los indicadores más relevantes del informe es la evolución de la deuda en relación con el Producto Interior Bruto. En este sentido, Castilla y León sitúa su ratio en el 17,9 % del PIB, el nivel más bajo registrado desde 2013 y claramente por debajo de la media autonómica, que se sitúa en el 20,3 %.
La evolución reciente también refleja una tendencia de contención. Mientras que la Comunidad ha reducido su endeudamiento un 0,17 % en el último trimestre, en el conjunto de autonomías el pasivo ha aumentado un 1,54 %. En la comparación interanual, Castilla y León registra un crecimiento del 2,1 %, inferior al 2,59 % de la media autonómica.
El informe incluye en el cálculo del endeudamiento diferentes elementos financieros, como créditos reintegrables concedidos a empresas, el denominado factoring sin recurso y obligaciones derivadas de proyectos de colaboración público-privada, que en conjunto suman más de 478 millones de euros adicionales.
En cuanto a la estructura de la deuda, el mayor peso corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 23,9 % del total, con 3.400 millones de euros. También destacan los préstamos de entidades financieras multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que alcanzan los 1.684,9 millones de euros, así como el endeudamiento asociado al Fondo de Facilidad Financiera, que asciende a 1.384,7 millones.
Por otra parte, el 96,3 % de la deuda se concentra en la Administración General, mientras que el resto corresponde a universidades, organismos autónomos y empresas públicas. Además, el 99,6 % del endeudamiento es a largo plazo, lo que reduce la exposición a tensiones de refinanciación, y un 66 % está contratado a tipo fijo, frente al 34 % a tipo variable.
El conjunto de estos indicadores ha sido valorado positivamente por las agencias de calificación. En particular, Moody’s elevó recientemente la solvencia de Castilla y León hasta A3, la máxima nota dentro de las comunidades de régimen común y equivalente a la calificación del Reino de España.
El Banco de España no asigna a Castilla y León deuda adicional por empresas públicas no sectorizadas, lo que refuerza la posición relativa de la Comunidad en comparación con otros territorios. Considerando el conjunto del sector público autonómico, la ratio de deuda sobre PIB se situaría en el 20,6 %, frente al 17,9 % de Castilla y León, manteniendo una diferencia favorable de 2,7 puntos porcentuales.
