Castilla y León es una de las comunidades más afectadas por la finalización de contratos de bomberos forestales en todo el país. Según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), las autonomías han rescindido en octubre miles de contratos, más de 4.000 en toda España, desmantelando gran parte del operativo de prevención y extinción de incendios, pese a que el periodo de alto riesgo se mantuvo hasta el 1 de noviembre debido a las altas temperaturas.
En el caso de Castilla y León, la Junta ha despedido al 50 % del operativo contraincendios, una decisión que llega mientras se anuncia un plan para profesionalizar y estabilizar el servicio. CSIF advierte de que esta reducción supone “una pérdida significativa de operatividad” en la lucha contra los fuegos forestales, en una Comunidad que este verano sufrió graves incendios.
El problema no afecta solo a Castilla y León. Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid también han reducido personal o recursos en sus dispositivos forestales, dejando amplias zonas sin cobertura suficiente para las tareas de prevención y extinción. En Galicia, por ejemplo, se prevé el cese de un millar de bomberos forestales este mes; en Castilla-La Mancha la campaña de incendios apenas dura tres meses; y en Andalucía los contratos temporales finalizan justo antes del periodo en que deberían reforzarse las labores preventivas.
CSIF recuerda que, aunque se ha logrado la jubilación anticipada para los bomberos forestales, aún queda mucho por hacer. El sindicato exige un pacto de Estado que garantice plantillas estables durante todo el año, recursos adecuados, renovación de equipos de protección y vehículos todoterreno especializados.
“Resulta contradictorio que se hable de profesionalizar el operativo mientras se despide a la mitad del personal”, lamentan desde la organización sindical, que insiste en que el cambio climático ha extendido el riesgo de incendios más allá del verano. “Sin un dispositivo activo los 12 meses del año, se pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, la salud de los montes y la propia vida de quienes luchan contra el fuego”, advierten.
