En la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles telemáticamente, los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas han debatido con la ministra de Educación y Formación Profesional el nuevo modelo de acceso a la universidad.
La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha vuelto a mostrar su disconformidad con el modelo. En primer lugar, porque no es una prueba única y no corregir este error provocará que el sistema siga siendo injusto: no puede haber 17 pruebas distintas para un distrito universitario único. Cada comunidad autónoma diseña su prueba con distinta estructura -o bloques de contenidos- y disparidad en los criterios de corrección.
Durante el encuentro, Lucas ha reprochado que no se estén escuchando las propuestas de Castilla y León encaminadas a trabajar en una prueba única y ha anunciado que, de seguir con esta actitud, Castilla y León se desvinculará del diseño de un sistema de acceso a la universidad injusto.
Respecto a la evaluación del alumnado propuesta por el Ministerio, Rocío Lucas ha insistido en la falta de objetividad de dicha prueba y las consecuencias que eso tendrá para la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Finalmente, la Junta de Castilla y León considera que el nuevo modelo limita las competencias de las universidades en la prueba de acceso a la universidad y así lo ha manifestado también la titular de Educación.
En el encuentro de esta tarde se ha debatido, además, sobre la implantación de la normativa que obliga a integrar a los profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.
Sobre este aspecto, Rocío Lucas insiste en la necesidad de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional realice la aportación financiera necesaria para acometer dicho cambio, puesto que se trata de una normativa impuesta por ellos y que supone un alto coste para las comunidades autónomas. La ley establece, además, que los efectos de la medida -el incremento en las nóminas- deberá aplicarse desde enero de 2021. Por lo que la solución que ofrece el Ministerio, que es retrasar su implantación, no es viable: cuanto más tarde, más gasto habrá que asumir.
