Castilla y León tendrá que destinar 3,8 millones de euros de sus propios presupuestos para mantener la dotación actual del Plan Corresponsables, tras el cambio en los criterios de financiación aplicado por el Ministerio de Igualdad. Así lo ha denunciado este jueves la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien acusa al Gobierno central de ejecutar “otro recorte más” en políticas sociales.
El nuevo sistema, aprobado en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada esta semana, exige ahora a las comunidades autónomas financiar el 25 % del total acordado con el Ministerio para poder recibir los fondos. En el caso de Castilla y León, esa aportación se traduce en 3.855.635 euros, mientras que del Estado llegarán 11.566.904 euros. En total, la cuantía se mantiene en 15,4 millones, como en ejercicios anteriores, pero con un reparto que la comunidad califica de “injusto y unilateral”.
“Nos encontramos ante una imposición sin aviso previo y una vulneración del principio de cogobernanza. Hasta ahora, las comunidades no tenían que cofinanciar el plan”, denunció Blanco. El Plan Corresponsables, impulsado desde hace tres años, tiene como objetivo fomentar la conciliación familiar y laboral, promoviendo una mayor corresponsabilidad en el cuidado de los menores.
Castilla y León optó por abstenerse en la votación del nuevo modelo de reparto para no obstaculizar la llegada de los fondos, pero mostró su rechazo tanto al fondo como a las formas del cambio. “No vamos a renunciar a esos 11 millones porque el plan es necesario para las familias, pero tampoco podemos callar ante un recorte encubierto”, subrayó la consejera.
La comunidad viene ejecutando esta política desde 2022 con una dotación estatal de alrededor de 15 millones de euros anuales, sin necesidad de aportación autonómica. “Ahora, con la excusa de la cofinanciación, el Gobierno reduce su compromiso mientras nosotros asumimos el coste”, concluyó Blanco.
