La Agencia Tributaria ha iniciado en el día de ayer una actuación coordinada en 15 comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector del comercio de madera. La operación, denominada ‘Llamera’, implica el inicio de comprobaciones inspectoras a 84 sociedades y 37 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar).
La operación ‘Llamera’, coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, ha contado con la participación de más de 350 funcionarios (más de 320 del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, y más de una treintena de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia), así como con el apoyo de agentes policiales.
El dispositivo desplegado ayer ha permitido la personación en 88 locales de las sociedades inspeccionadas que se encuentran situados en Andalucía (7), Aragón (6), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (9), Cantabria (2), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (6), Cataluña (8), Extremadura (1), Galicia (12), Madrid (8), La Rioja (1), Murcia (2) y Comunidad Valenciana (21).
La presente operación tiene como objetivo la comprobación de sociedades dedicadas a la comercialización de la madera –incluidos productos derivados, como puertas, vigas, tableros, etc.– en las cuales se han analizado una serie de indicios de la existencia de economía sumergida y fraude fiscal.
Dentro del conjunto de contribuyentes analizados se han identificado sociedades cuyos socios presentan riesgos de incrementos patrimoniales no justificados, incrementos que podrían deberse a ventas ocultas de la entidad que se estuvieran materializando en incrementos patrimoniales de sus socios. Este riesgo afecta a los socios de más de la mitad de las sociedades que se han comenzado a inspeccionar.
A la hora de realizar la selección de empresas a comprobar también se ha tenido en cuenta que muchas de las personas físicas vinculadas ostentan signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad o en algún caso la utilización de tarjetas bancarias personales con fuertes gastos. A su vez, y tal y como establecen las Directrices del Plan de Control de 2023, a la hora de diseñar esta operación se ha prestado especial atención al uso intensivo del efectivo como modalidad de cobro.
En el caso de las sociedades en comprobación, el bajo peso del cobro mediante tarjeta viene dado por las propias características del comercio mayorista, donde buena parte de los ingresos se reciben por transferencia.
Sin embargo, en algunas de estas sociedades se da la circunstancia de que el peso del dinero en efectivo ingresado en cuentas bancarias también era especialmente bajo, de forma que más allá de los cobros realizados por transferencia, que tendrán que ser revisados a partir de ahora tras las personaciones, se analizará la importancia en estos casos de los ingresos en efectivo no ingresados en cuentas que puedan haber sido utilizados por las sociedades inspeccionadas para realizar, a su vez, pagos en ‘B’
En el análisis previo también se pudo analizar el caso de varias sociedades sujetas a comprobación donde los cobros con tarjeta y el efectivo ingresado en cuentas ya suponían cerca del 80% de la facturación declarada. Por tanto, hay claros indicios de que, al sumar, a su vez, las transferencias recibidas y el efectivo no ingresado en cuentas, la facturación real estaría superando claramente a la declarada.
