El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado explicaciones a la Junta de Castilla y León tras los presuntos casos de explotación reproductiva que están siendo investigados en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Los socialistas consideran que, al margen de las posibles responsabilidades penales que determine la investigación judicial, el Gobierno autonómico debe aclarar qué medidas ha adoptado y cómo actuó el sistema sanitario ante unos hechos que califican de "gravedad".
Para ello, el PSOE ha registrado una batería de preguntas, tanto orales como escritas, dirigidas a la Junta con el objetivo de conocer las actuaciones desarrolladas por las consejerías competentes y los protocolos aplicados en este tipo de situaciones.
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, sostiene que la Junta "tiene la obligación de dar explicaciones inmediatas" y considera que las competencias en materia de igualdad no pueden quedar reducidas a una cuestión organizativa dentro del Ejecutivo autonómico.
Entre las cuestiones planteadas, los socialistas preguntan qué actuaciones se están desarrollando desde el área de Igualdad para prevenir este tipo de situaciones, si la Junta considera la explotación reproductiva una forma de violencia y explotación contra las mujeres y qué políticas públicas está impulsando para combatir estas prácticas.
En materia sanitaria, el PSOE también solicita información sobre los controles que se realizan antes del alta hospitalaria para garantizar la seguridad de las madres y los recién nacidos, si se activaron los servicios de trabajo social sanitario u otros recursos asistenciales para evaluar la posible situación de vulnerabilidad de las mujeres afectadas y cuáles son los protocolos previstos para responder ante posibles casos de explotación reproductiva.
Además, el Grupo Parlamentario Socialista quiere conocer si la Consejería de Sanidad considera necesario reforzar los mecanismos de prevención y protección tras los hechos que se investigan y qué medidas piensa adoptar para evitar que situaciones similares puedan repetirse.
Los socialistas insisten en que la investigación judicial deberá esclarecer las posibles responsabilidades penales, pero consideran que la Junta debe ofrecer explicaciones políticas sobre la actuación de la Administración autonómica y las medidas de protección desplegadas en un caso que ha generado una amplia repercusión.
