El Grupo Municipal Socialista de Benavente ha manifestado su “profundo malestar” tras la decisión del equipo de gobierno, formado por Partido Popular y VOX, de romper el convenio de colaboración con el Registro de la Propiedad para la gestión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía.
Este modelo de gestión, implantado en 2018, permitió —según los datos aportados por el PSOE— un aumento notable de la recaudación, pasando de apenas 46.000 euros en 2017 a más de 383.000 euros en los primeros seis meses tras la firma del convenio. Desde entonces, el Ayuntamiento ha mantenido una recaudación media de entre 150.000 y 200.000 euros anuales, gracias a un sistema que los socialistas califican de “eficaz, justo y transparente”.
Para el PSOE, esta decisión supone un retroceso en materia de gestión tributaria, con consecuencias negativas tanto para las arcas municipales como para los contribuyentes. Una de las primeras dificultades que ya anticipan será la imposibilidad de liquidar documentos privados en transmisiones hereditarias si no existe adjudicación formal, lo que dificultará el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los socialistas aseguran no conocer las razones que han motivado este cambio, aunque temen que sea el primer paso hacia la eliminación del impuesto de plusvalías, lo que —advierten— dejaría al Ayuntamiento sin una fuente de ingresos consolidada y útil.
La crítica se agrava con la reciente subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 17%, que afecta directamente a todos los vecinos de Benavente. “Mientras se elimina un sistema eficaz de recaudación dirigido a quienes realizan transmisiones de bienes, se opta por gravar aún más a la ciudadanía con un impuesto general”, denuncian desde el Grupo Socialista.
Desde el PSOE de Benavente defienden una política fiscal “justa y equilibrada”, basada en una gestión eficiente de los tributos ya existentes. En este sentido, reiteran su compromiso con una administración moderna y transparente, que garantice la calidad de los servicios públicos sin aumentar la presión fiscal de forma indiscriminada.
