Tras la reciente toma de posesión por Fernández Mañueco, y la confirmación de los miembros del equipo de gobierno, Izquierda Unida de Benavente manifiesta su preocupación ante una nueva legislatura en la que se combinen las políticas históricamente fracasadas del PP, con VOX condicionando su hoja de ruta. Consideramos que cristaliza un gobierno no paritario que asedia las políticas de igualdad, los derechos de las mujeres, y la justicia social y democrática.
Para IU-Benavente, el PP ha culminado su “fracasada maniobra” para gobernar en solitario, mediante la convocatoria de elecciones, con un debilitamiento de sus posiciones. Dicha maniobra habría alimentado la ultraderecha a la que se ha visto obligado a incluir en su gobierno contra su voluntad. Ello supone la primera vez que el partido de ultraderecha participa en un gobierno en coalición a nivel autonómico.
Para Izquierda Unida, a las históricas políticas fracasadas del PP en Castilla y León, en materia de servicios y despoblación, ahora se suma la amenaza real a derechos sociales y en materia de igualdad, y de las mujeres que representa la coalición con VOX. Y el modelo económico para Castilla y León de bajada generaliza de impuestos que promulga el gobierno PP y VOX, pone en riesgo los discretos avances en igualdad y retrasa los no consolidados.
Además, paralelamente IU considera que el modelo económico propuesto por PP y VOX profundiza en el que ha demostrado ser letal para la comunidad durante las últimas décadas en materia económica, ambiental y de servicios públicos. La propuesta económica de IU pide redistribuir la presión fiscal para que paguen quienes más tienen y rebajar el IRPF a las rentas bajas, para preservar el estado de bienestar. Una salida social a la crisis que no recaiga sobre los trabajadores y trabajadoras, sino sobre los beneficios de las grandes rentas.
Por último, IU llama a tejer redes sociales que resistan dichas amenazas desde la lucha militante, los movimientos sociales y el ámbito municipalista. Izquierda Unida plantará cara desde nuestros cargos públicos a las políticas que ataquen a los derechos civiles y a los derechos sociales.
