El equipo de gobierno ha actuado tras constatar que, durante anteriores mandatos, pese a los reiterados avisos en la Comisión de Urbanismo y los escritos presentados desde 2021, no se adoptaron medidas efectivas para corregir el problema, a pesar de que el entonces concejal de IU Manuel Burón tenía pleno conocimiento de la situación y formaba parte de la comisión.
Actualmente en la oposición, Burón ha decidido acudir a la Fiscalía, generando un impacto mediático sobre un asunto que, según el Ayuntamiento, pudo haberse resuelto cuando ocupaba responsabilidades de gobierno. En contraste, la alcaldesa Asensio ha optado por la prudencia y el trabajo discreto.
El propio auto judicial refleja que el concejal de IU votó en contra de una modificación presupuestaria destinada a dotar crédito para la corrección urbanística que él mismo reclamaba, según indica el Ayuntamiento.
Desde el consistorio se asegura que se seguirá actuando con responsabilidad, transparencia y eficacia, defendiendo una gestión centrada en los resultados para la ciudadanía.